La Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) confirmó esta semana que la Cantera Adjuntas expandió ilegalmente su operación hacia suelos rústicos especialmente protegidos ecológicos, una denuncia hecha pública por comunidades vecinas y Casa Pueblo.
La conclusión de la JP se estipula en la Notificación de hallazgo y Orden de mostrar causa emitida por Lemuel Rivera Rivera, supervisor del Negociado de Querellas, el pasado martes, 24 de febrero.
“La resolución emitida por la Junta de Planificación valida de forma contundente los reclamos que la comunidad ha levantado por años y que Casa Pueblo ha sostenido de manera consistente frente a la expansión y operación de la cantera”, indica en declaración escrita el director ejecutivo de la organización adjunteña, Arturo Massol Deyá.
El documento de la JP establece que Rafael Vélez Andújar, dueño de la cantera, ha estado operando sin permiso fuera de la parcela con número de catastro 266-000-009-17-000: la única autorizada para este uso.
Asimismo, que los terrenos adyacentes que han sido impactados por la operación industrial -alrededor de 18 cuerdas- son de alto valor ecológico y deben ser protegidos para salvaguardar la integridad de la flora, la fauna y las aguas.
Trasfondo
Tras una querella presentada contra Vélez Andújar el pasado 25 de agosto, el inspector de la JP, Omar Maldonado Battistini, procedió a realizar una inspección ocular el 2 de septiembre y documentó dos hallazgos.
El primero: la ausencia de la consulta de ubicación para la reapertura de la cantera en el catastro que tiene permiso. El segundo: la ausencia de permiso requerido para expandir la operación de la cantera hacia los solares identificados con catastros 266-000-009-22, 266-000-009-18 y 266-000-009-56.
“Luego de evaluada la relación de hechos y los estatutos aplicables, se determina que la parte querellada ha violentado las disposiciones del Art. 9.12 de la Ley-161-2009, la Regla 1.6.7, la Regla 2.1.9 y la Regla 6.1.14 del Reglamento Conjunto 2023”, estableció la JP en sus conclusiones de derecho.
Un análisis del geógrafo y especialista en geoinformática, Víctor Cuadrado concluyó que la Cantera Adjuntas actualmente ocupa 23 cuerdas, cinco de las cuales figuran en la finca que tiene permiso y el resto fuera de ese deslinde. Esto representa una expansión ilegítima de 78 por ciento en zonas previamente boscosas.
“Desde el inicio, denunciamos una ordenanza municipal que pretendía legalizar la expansión hacia fincas rústicas especialmente protegidas, ordenanza que el propio alcalde tuvo que revertir, y hoy la Junta de Planificación adjudica lo que nuestro pueblo sabía: se cometieron violaciones a reglamentos, leyes y permisos, así como acciones temerarias por parte del dueño de la cantera”, señaló Massol Deyá.
El inspector Maldonado Battistini también emitió una orden de cese y desista contra la cantera el 14 de octubre de 2025. Massol Deyá puntualizó que es momento de hacerla cumplir.
“La operación de la cantera ilegal debe detenerse ya, porque representa un riesgo directo para los usuarios de la PR-10, para las comunidades vecinas y para las fuentes de agua que sostienen la vida en la zona”, continuó.
“Sabemos que la intención de Vélez Andújar es continuar ampliando esta operación y la huella de la cantera podría alcanzar 100 cuerdas de terreno si sus planes se materializan. Por lo tanto, corresponde actuar con firmeza para que se detenga definitivamente una operación que nunca debió existir en las condiciones en que ha venido impactando adversamente a la gente y a nuestro pueblo”, añadió Massol Deyá.
Las denuncias de la comunidad han tenido repercusiones serias, incluyendo atentados contra la vida y la propiedad de varios residentes. Por esta razón, en diciembre pasado la jueza Nadja Banuchi Ramos encontró causa probable contra Vélez Andújar por tentativa de asesinato, daño agravado, amenaza y daños.
La vista preliminar de este caso se llevará a cabo el martes, 10 de marzo a las 9:00 de la mañana en el Tribunal de Utuado.
Además, la comunidad -con el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico- presentó un recurso de injunction para detener la operación de la cantera, pero Vélez Andújar ha evitado ser emplazado.
“El dictamen de la Junta de Planificación es un avance contundente, pero de ninguna manera marca el final de esta lucha”, expuso de otra parte el portavoz de la comunidad, Juan Carlos Negrón Miró. “Los continuos atropellos contra nuestra gente, sumados a las constantes violaciones de ley y el inaceptable comportamiento de la Cantera Adjuntas que hemos enfrentado, nos demuestran que no podemos confiarnos”.
En esa línea, Massol Deyá planteó que “la destrucción del territorio no puede seguir ocurriendo en la impunidad”.
“El dueño de la cantera debe responder ante los emplazamientos públicos y legales que hoy se levantan con fuerza y legitimidad. La comunidad ha dicho basta, basta de explosiones, basta de poner en riesgo vidas y de destruir nuestros recursos naturales”, afirmó.
