Tres organizaciones que agrupan a jubilados del Gobierno de Puerto Rico expresaron su apoyo al Proyecto de la Cámara 45, que busca crear la Ley para Proteger el Poder Adquisitivo de las Pensiones de empleados públicos retirados del gobierno central, corporaciones públicas y municipios.
El apoyo trascendió durante una vista pública de la Comisión de Sistemas de Retiro, presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera.
La profesora Susan Rivera Miranda, portavoz del Capítulo de Jubiladas y Jubilados de UNETE, explicó que, aunque la Ley 53 de 2021 evitó recortes a las pensiones, no garantizó el poder adquisitivo de los más de 160 mil jubilados del Gobierno.
“Tenemos 44 mil docentes retirados que no cotizaron para el Seguro Social y que dependen solo de su pensión, muchas veces entre $500 y $700”, indicó Rivera Miranda. También destacó que más de 15 mil maestros no pueden pagar planes médicos privados sin ayuda estatal.
“Este proyecto es una herramienta para lograr un retiro digno”, afirmó la profesora, quien estimó que el retiro justo debería rondar los $3 mil mensuales, según el costo de vida actual.
Ariel Aulet Lebrón, presidente del Capítulo de Trabajadores Jubilados de Prosol Utier, también favoreció la medida. “Hace 17 años que los pensionados no reciben aumentos. Es hora de hacer justicia”, expresó.
Recordó que tras la aprobación de la Ley 3 de 2013, las pensiones se redujeron de un 75 por ciento del salario a un máximo de 46 por ciento, mientras aumentó la edad de retiro y se eliminaron beneficios clave como el retiro por incapacidad y las aportaciones al plan médico.
Eulalia Centeno Ramos, del Junte de Pensionadas y Pensionados, opinó que proteger el poder adquisitivo de las pensiones es esencial ante el impacto de la inflación. “Este proyecto puede reducir la dependencia de programas sociales, fomentar el consumo y mejorar la calidad de vida de los retirados”, señaló.
La propuesta se financiaría con ingresos del IVU no comprometidos con fondos municipales, culturales o de deuda, además de sobrantes del presupuesto general del gobierno. Según los deponentes, la medida no afecta el plan de ajuste de deuda ni el plan fiscal vigente.
Las organizaciones pidieron que la comisión emita un informe positivo y que la medida sea aprobada por unanimidad en Cámara y Senado.
