El consorcio LUMA Energy no ha solicitado un aumento en la tarifa de los abonados para poder costear los trabajos de mantenimiento del sistema eléctrico, aseguró ayer el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), Fermín Fontanés.
“No hay una solicitud de aumento de tarifa y, de hecho, desde que LUMA está aquí no ha pedido ni ha solicitado un aumento de tarifa”, señaló el funcionario en una vista pública de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes. “Aquellos aumentos que el pueblo ha sufrido han sido atados a los precios de combustible que nadie de nosotros tiene control”.
Fontanés fue citado para responder preguntas acerca del proceso de fiscalización que conduce su agencia sobre el consorcio, en medio de una crisis energética caracterizada por apagones diarios a nivel isla.
Durante la audiencia, se le preguntó al director de las APP sobre el potencial aumento tarifario, luego de que LUMA le comunicara al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que podría suspender o reducir una serie de tareas -como mantenimiento preventivo en la red y cambio de equipo en subestaciones- porque el dinero presupuestado no les da.
Al respecto, Fontanés dijo que LUMA no pidió un aumento tarifario, sino presupuestario y que en ese sentido está compitiendo con Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Fontanés manifestó que hay un “pote limitado de fondos en la tarifa”, por lo que las tres partes ahora se encuentran “luchando” por esas partidas.
Aseguró, además, que LUMA Energy ha cumplido con el manejo de su presupuesto y que, “como cualquier entidad”, ha solicitado más fondos para su operación.
El presupuesto aprobado para las tres entidades es $1,315 millones. La AAPP propuso que se dividiera en 65.2 por ciento para LUMA, 31.8 por ciento para Genera y 3 por ciento para la AEE.
Por otra parte, Fontanés garantizó que LUMA ha cumplido con su contrato y aseveró que cancelarlo provocaría un “caos”.
Anular el acuerdo “sin causa”, según Fontanés, conllevaría un impacto fiscal de alrededor de $300 millones para el gobierno.
El funcionario también confirmó que todavía no ha concluido su investigación sobre los apagones recientes, que permitirá concluir si LUMA fue negligente y deberá pagar por los costos asociados a las reparaciones.
“Nosotros comenzamos una investigación conforme a los procesos que están establecidos en el contrato luego de esos apagones para, precisamente, tratar de identificar qué fue lo que ocurrió”, indicó.
“Una vez tengamos esa información, entonces ahí podemos determinar si hubo un incumplimiento en los deberes de LUMA ante esos eventos”, añadió.
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