El senador Wilmer Reyes Berríos presentó una medida para que el Senado examine a fondo el arbitrio al petróleo conocido como la “crudita”, con el objetivo de evaluar su impacto en el costo de vida, la competitividad económica y el financiamiento de infraestructura pública en Puerto Rico.
La Resolución del Senado 461, radicada el 17 de marzo, ordenaría a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA realizar una investigación exhaustiva sobre el origen, evolución y funcionamiento del arbitrio, así como su vínculo con la Autoridad de Carreteras y Transportación y los compromisos fiscales incluidos en el Plan de Ajuste de la deuda pública.
El arbitrio, que actualmente asciende a $15.50 por barril, es uno de los mecanismos contributivos más significativos asociados al consumo de combustibles en la isla. Su estructura ha sido modificada en múltiples ocasiones para generar ingresos destinados a infraestructura vial y al pago de obligaciones financieras del gobierno.
Reyes Berríos subrayó la necesidad de analizar el efecto económico del impuesto, especialmente en una economía dependiente del transporte terrestre. “Esta medida busca propiciar un análisis serio, basado en datos, sobre uno de los componentes contributivos que más incide en el costo de vida en Puerto Rico”, afirmó. Añadió que es esencial evaluar su impacto “sobre los consumidores y sobre la competitividad de nuestra economía”.
La resolución también propone examinar alternativas de política pública, entre ellas ajustes a la estructura contributiva vigente, mecanismos de alivio al consumidor y la posibilidad de revisar o reducir gradualmente el arbitrio, tomando en cuenta los compromisos fiscales del gobierno.
Como parte del proceso, la Comisión podrá citar a funcionarios públicos, economistas, expertos en política fiscal, representantes de la industria energética y transportistas para aportar datos y análisis que permitan evaluar el futuro del arbitrio.
De aprobarse, la Comisión tendría 120 días para rendir un informe con hallazgos y recomendaciones. Según el senador, “el Senado tiene la responsabilidad de examinar continuamente la política pública contributiva del gobierno y su impacto sobre la economía y el bienestar de nuestra gente”.
