Con el fin de establecer las guías actualizadas para la atención adecuada e integrada de los casos que se atienden en los tribunales cuando figure una persona sin hogar o en riesgo de perderlo, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maité Oronoz Rodríguez, anunció la implementación de un nuevo protocolo.
El mismo integra los servicios de una red de entidades participantes para brindar asistencia a esta población cuando acude al tribunal.
“El protocolo y acuerdo de colaboración que firmamos es el resultado de un esfuerzo multisectorial que procura desarrollar mecanismos efectivos para lidiar con la crisis de vivienda que enfrenta el País; crisis que representa un obstáculo adicional al acceso a la justicia,” expresó la jueza presidenta.
En conjunto con el acuerdo colaborativo, el Protocolo articula las guías éticas, jurídicas y procesales que corresponde observar ante estas situaciones para optimizar la atención, orientación y, cuando aplique, la coordinación de servicios auxiliares con las diversas entidades gubernamentales y privadas participantes del acuerdo.
También, instruye al personal de los tribunales a proveer un trato sensible, respetuoso y atento a las personas sin hogar que visiten las instalaciones del Poder Judicial.
Según el acuerdo, cada entidad participante designará representantes que se encargarán de la coordinación de los servicios disponibles para las personas sin hogar o en riesgo de perderlo que acuden a los tribunales. Se integrará la tecnología para maximizar la agilidad y eficiencia en la provisión de los servicios integrados a esta población.
Entre las entidades públicas que forman parte del acuerdo, están la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el Departamento de Familia, la Administración de Servicios Médicos, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Salud, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Educación, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, la Oficina de la Procuradora del Paciente y la Oficina del Procurador del Veterano, entre otras entidades públicas.
Asimismo, el acuerdo cuenta con los servicios de diversas organizaciones no gubernamentales como La Fondita de Jesús, Coordinadora Moriviví, la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, la Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de PR, el Sistema Continuo de Cuidado a Personas sin Hogar PR-502 y PR-503, Iniciativa Comunitaria, la Oficina Legal de la Comunidad, la Corporación de Servicios Legales de PR, la Sociedad para la Asistencia Legal, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de PR, entre otros.
