Un total de 1,240 empleados del gobierno de Puerto Rico podrían retirarse próximamente, luego de que la administración de Pedro Pierluisi Urrutia y la Junta de Control Fiscal (JCF) llegaran a un acuerdo para implementar parcialmente la Ley 80 de Retiro Incentivado del 2020.
No obstante, este acuerdo deberá ser aprobado por la jueza federal Laura Taylor Swain, quien dirige el proceso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la ley PROMESA.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis M. Collazo Rodríguez, informaron hoy que estos empleados podrán retirarse con el 50 por ciento de su retribución anual más alta de los últimos tres años al momento de acogerse.
Además, recibirán $100 de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años, más el pago de sus vacaciones acumuladas.
Los empleados pertenecen a 57 agencias estatales y corporaciones públicas, se indicó. Según el gobernador, la meta es que la salida de estos trabajadores ocurra durante el primer semestre del 2024.
La Ley 80 del 2020, conocida como la Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos, fue anulada en el 2021. Esta tenía el propósito de incentivar el retiro de empleados de servicios no esenciales, según definidos por las leyes 1 de 1990 y 44 de 1951.
“El acuerdo plasmado en la estipulación radicada requiere la aprobación final del Tribunal del Título III para proceder con los procedimientos ulteriores de implementación. Una vez aprobado, se procederá con los cambios operacionales, presupuestarios y administrativos necesarios para poner en vigor el acuerdo del Retiro Incentivado”, indicó Collazo Rodríguez mediante comunicado de prensa.
Los trámites a seguir se explicarán en las próximas semanas.
“Los empleados elegibles tendrán que completar su solicitud de pensión ante el Coordinador de Retiro de sus respectivas agencias, junto a los documentos y trámites requeridos que serán establecidos en la Carta Circular que se emitirá tan pronto el tribunal avale el acuerdo entre las partes. De igual forma, la Carta Circular establecerá la fecha cierta de salida de estos empleados públicos”, explicó Collazo Rodríguez.
O sea, “servicios no esenciales” que ni debieron de existir y fueron costeados por el erario público durante décadas…