Varias agencias del gobierno central respaldaron este martes un paquete de proyectos que propone elevar a 16 años la edad mínima para que menores accedan a redes sociales, una movida que podría transformar el ecosistema digital de la niñez en Puerto Rico y que ya genera tensiones entre defensores de la medida, expertos en tecnología y sectores profesionales.
El Departamento de la Familia favoreció la aprobación de las tres medidas, presentadas por el representante Jorge Navarro Suárez, al advertir que la población infanto-juvenil enfrenta riesgos crecientes en entornos digitales sin supervisión adecuada.
“Esta población resulta ser la más indefensa ante el acecho de depredadores sexuales o personas mal intencionadas”, sostuvo la secretaria Suzanne Roig, al justificar la necesidad de controles más estrictos.
Los proyectos —PC 977, PC 978 y PC 1136— buscan obligar a las tiendas virtuales a verificar la edad de los usuarios, imponer un “deber de cuidado digital” a las plataformas y fijar los 16 años como edad mínima para el uso de redes sociales, con multas de hasta $20 mil por incumplimiento. Navarro Suárez defendió que la meta es crear una “red de seguridad digital” donde la responsabilidad recaiga en las plataformas y no en los menores ni sus tutores.
El Negociado de Telecomunicaciones (NET) coincidió en la urgencia de regular, pero advirtió sobre posibles conflictos constitucionales. Su presidente, Osvaldo Soto, recomendó incluir criterios sobre prácticas adictivas como el “scrolling” infinito, notificaciones constantes y transmisiones en vivo. Reveló además que Instagram implementará este año una herramienta para alertar a padres cuando un menor busque contenido relacionado con suicidio o autolesiones, mientras WhatsApp trabaja en controles parentales más estrictos.
Pero el consenso se fracturó con la oposición del Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTS), que cuestionó la falta de evidencia que sustente las restricciones y alertó sobre efectos desproporcionados en jóvenes vulnerables. “Las respuestas que parten de la restricción… producen consecuencias no deseadas que recaen con mayor peso sobre las poblaciones que ya cargan con las mayores desigualdades”, afirmó su presidenta, Lydael Vega.
La Policía de Puerto Rico también expresó reservas operacionales. El teniente Luis Maldonado, jefe de Crímenes Cibernéticos, señaló que implementar estas políticas requeriría recursos especializados que la agencia no posee actualmente. Aunque apoyó los controles parentales, advirtió que las regulaciones deben evitar responsabilizar injustamente a los padres por dinámicas creadas por las propias plataformas.
Las representantes Estrella Martínez Soto y Lisie Burgos Muñiz plantearon que las medidas podrían integrarse mediante enmiendas a la Ley 185-2024, que ya regula aspectos de privacidad digital en menores.
El debate legislativo continuará en las próximas semanas, mientras el país discute hasta dónde debe llegar el Estado en regular el acceso digital de la niñez y cómo balancear seguridad, derechos y equidad en un entorno tecnológico que evoluciona más rápido que la legislación.
