El proyecto de ley que la gobernadora Jenniffer González presentó hoy a la legislatura para retardar la transición energética del país a fuentes renovables incluye lenguaje para que la polémica carbonera AES en Guayama siga en operación, al menos, hasta el 1 de enero del 2030.
Según establece el documento endosado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y otros 18 legisladores, dicha fecha incluso podría aplazarse “por períodos adicionales de cinco años”, si para el término la producción eléctrica de AES no ha podido ser sustituida por “fuentes de generación más limpias” y a costos razonables.
La propuesta, recomendada a la gobernadora por el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y nuevo Zar de la Energía, Josué Colón Ortiz, tendría el efecto de extender por igual número de años el rescate económico que ese mismo funcionario, la Junta de Gobierno de la AEE y los comisionados del Negociado de Energía concedieron a la compañía privada el pasado año.
Entre los meses de marzo a mayo del 2024, ese rescate significó para los clientes de la AEE el pago de $44 millones adicionales para AES Puerto Rico: un subsidio por encima de los $30 millones mensuales que la carbonera factura al país.
El ingreso en exceso a los pagos acordados en el contrato original con AES, se desembolsó y se seguirá abonando hasta noviembre de 2027 para pagar por el embarque y disposición de sus cenizas tóxicas en un vertedero del estado de Georgia, entre otros beneficios.
De aprobarse la legislación, Puerto Rico seguiría sufragando gastos que AES se comprometió a asumir en el contrato original con la AEE.
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