La gobernadora Jenniffer González Colón reconoció el viernes que el presupuesto del año fiscal 2025-2026, aprobado en conjunto con la Junta de Control Fiscal (JCF), no está balanceado. En conferencia de prensa, atribuyó el descuadre a información falsa provista durante el proceso de transición, particularmente por parte de la exdirectora de ASES, Roxana Rosario.
“Evidentemente el presupuesto de este año no fue balanceado, aunque se haya aprobado como tal”, expresó González Colón, quien afirmó que su administración hará los ajustes necesarios para cumplir con los requerimientos de la JCF y mantener al día los estados financieros auditados.
La mandataria anticipó que habrá referidos por la situación con ASES, señalando que se otorgaron beneficios no presupuestados durante la pasada administración, lo que generó un aumento del 21 por ciento en las tarifas del Plan Vital, más del doble del ajuste histórico del 5 por ciento.
“Nos mintieron en el proceso de transición (…) dijeron que los contratos estaban hechos y no era cierto. Se dieron beneficios en campaña electoral sin estar presupuestados para operar”, afirmó. Agregó que se busca ahora cuantificar el costo total de los beneficios otorgados sin autorización presupuestaria.
La JCF ya rechazó una enmienda al contrato del Plan Vital para aumentar en 21.06 por ciento las tarifas a las aseguradoras, alegando que no fue incluida en el presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa y que genera “mayor incertidumbre fiscal”.
González Colón sostuvo que no tiene otra opción que reubicar fondos de otras partidas para cubrir los gastos no contemplados, pero aseguró que “los servicios no se detendrán”.
También confirmó que tanto la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y ASES están trabajando con la JCF para identificar los ajustes necesarios. Una reunión adicional está pautada para el lunes con el Departamento de Hacienda, enfocada en el impacto a los municipios.
Finalmente, reiteró que cumplirá con la promesa de rescatar financieramente a los municipios con problemas fiscales mediante un fondo de $35 millones, aunque será necesario reprogramar otras partidas para lograrlo.
