Tras nominar como juez superior a Samuel Acosta Camacho, autor de la orden administrativa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que archivó los casos por construcciones ilegales en La Parguera, la gobernadora Jenniffer González Colón intentó minimizar el coro de alegaciones de conflicto de interés.
La gobernadora enfrenta críticas por supuestamente “premiar” a Acosta Camacho con su nombramiento a la judicatura, luego de que este gestionara la controversial orden administrativa del DRNA que beneficio directamente a los suegros de González Colón.
“Primero controversial para los que están en contra de alguna política pública, la realidad es que aquí va a haber gente que va a estar a favor de una política pública en contra de otra política pública. Y esto fue materia de discusión durante el pasado proceso electoral y el licenciado Acosta en una persona de renombre de una providad, valga la redundancia, probada a través de los años, así que ha recibido su nominación y será evaluado por el Senado”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.
“Pero yo no voy a partir de la premisa de porque alguien está en contra de una política pública, voy a quitarle los méritos a una persona que tiene las calificaciones para impartir justicia. Muchas veces se quiere tomar y mancharle reputaciones a la gente porque tienen una visión o una política. Y en el caso de ayer, cuando por ejemplo se nominó al señor Roberto Lefranc, algunos levantaron sus críticas, tienen su prerrogativa de opinar sobre los nombramientos. Sin embargo, yo ejerzo esa discreción que el pueblo de Puerto Rico me delegó y es el Senado de Puerto Rico quien va a confirmar o no todos estos nombramientos”, añadió.
Acosta Camacho fue la persona que escribió la Orden Administrativa que el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez, firmó tan pronto fue designado por la gobernadora, que dispuso el archivo de querellas por construcciones en La Parguera y estableció un mecanismo para que los dueños de casetas y muelles pudieran registrarlos mediante el pago de cánones.
González Colón sostuvo que la medida había sido preparada en la administración de Pedro Pierluisi y que la exsecretaria Anaís Rodríguez se negó a firmarla, mientras que en vistas legislativas Quiles confirmó que Acosta Camacho la redactó a petición del exsubsecretario Roberto Méndez.
Posteriormente, la gobernadora presentó un proyecto de ley con el mismo fin de permitir la inscripción formal de esas estructuras.
EL ROBO Y EL SOBORNO ESTILO TRUMP A PLENA LUZ DEL DIA DE LA GOBERNADORA.