En un giro abrupto, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó anoche el Proyecto del Senado 923, que ahora se convierte en la Ley 18-2026 y equipara al “concebido en cualquier etapa de gestación” con un ser humano en la definición de asesinato bajo el Código Penal de Puerto Rico.
La firma ocurrió solo horas después de que una alianza de organizaciones de salud reproductiva solicitara su veto y un diálogo con la ejecutiva gubernamental sobre riesgos, como la posible criminalización del aborto.
Originado como Proyecto de Administración A-098, enviado por La Fortaleza el 12 de enero y que ella misma anunció retiraría en enero pasado por considerarlo “innecesario”, el texto enmienda el Artículo 92 del Código Penal. Específicamente, aclara que, para los incisos (g) y (h) del Artículo 93, el «ser humano» incluye al concebido dentro del útero materno.
Según un comunicado oficial de La Fortaleza, la ley complementa la Ley 166-2025 conocida como Ley Keyshla Madlane, que tipifica como asesinato en primer grado la muerte intencional de una mujer embarazada que resulte también en la del feto.
«La legislación tiene el propósito de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales reconociendo al concebido no nacido como ser humano», indica el texto.
Grupos defensores de derechos reproductivos, como Taller Salud y ProFamilias, habían advertido que el cambio genera incertidumbre legal para médicos y abre la puerta a declarar ilegal el aborto mediante interpretación judicial. No se reportan declaraciones inmediatas de la gobernadora sobre estas críticas.
La nueva ley entra en vigor inmediatamente, en medio de un debate nacional sobre salud reproductiva.
