El exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Arturo Deliz Vélez, presentó el jueves una demanda en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la que solicita el pago de triple daño no menor de $375 mil, más costas y honorarios.
La acción judicial, al amparo de la Ley 115-1991 y la Ley 2-2018, Código Anticorrupción, sostiene que Deliz Vélez realizó referidos a distintas agencias tras detectar supuestas irregularidades en varios centros de inspección vehicular, entre estos Yabucoa Auto Services, identificado en la demanda como propiedad de la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.
Según el recurso, durante el proceso de fiscalización el demandante detectó que en algunos centros no se pagaban los dos dólares correspondientes al costo del documento de inspección, lo que motivó investigaciones de campo.
En el caso del centro ubicado en Yabucoa, el documento alega que supuestamente se falsificaban inspecciones sin registrarlas en el sistema, apropiándose del dinero cobrado.
La demanda indica que se identificaron 1,975 transacciones y que, conforme al Artículo 12.07 de la Ley 22 de Tránsito, cada una conlleva una multa administrativa de $500, para un total estimado de $987,500.
El documento también recoge que el inspector de campo, Aníbal Torres, visitó la estación y que el padre de la funcionaria supuestamente expresó que “ustedes no saben con quién se están metiendo. Mi hija está en la campaña de Jennifer González. Ese Arturo Deliz las va a pagar”. Además, señala que ya siendo secretaria de la Vivienda, Pérez Peña supuestamente indicó que “Arturo Deliz la tiene harta y hay que botarlo”.
Deliz Vélez alega que en julio de 2025 fue trasladado a un espacio que describe como un almacén, sin computadora ni tareas asignadas. Afirma que ese traslado, aislamiento y la falta de funciones constituyen represalias por sus denuncias y referidos, y que le han provocado angustias mentales, ansiedad, depresión y pérdida de sueño.
En su petitorio, solicita que el tribunal declare con lugar la demanda, ordene el pago del triple daño conforme al Código Anticorrupción y disponga el cese de las supuestas acciones laborales adversas.
En días recientes, la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, ha rechazado los señalamientos y los ha calificado como falsos y difamatorios, y ha indicado previamente que no participa en la operación del negocio familiar desde febrero de 2017.
