El alcalde de Guánica, Ismael Rodríguez Ramos, confesó sentirse “frustrado” con la lentitud del gobierno estatal y federal para aprobar y financiar la demolición de residencias colapsadas por los terremotos de enero de 2020.
A casi tres años de la emergencia, solo se han derribado 43 de 148 casas cuyos dueños iniciaron el proceso formal ante las agencias concernidas.
“El proceso ha sido frustrante para nosotros. Llevamos casi tres años de los terremotos. Para las familias no es fácil ver las viviendas allí, sin hacerse el trabajo de demolición”, expresó Rodríguez Ramos en entrevista con La Perla del Sur.
“Es frustrante que, cada vez que sometemos un documento, tengamos que esperar un mes, dos meses, para que salgamos de un trámite, ir a otro y finalmente llegar al permiso de demolición y poder entrar a la vivienda. No puedo decir que ha sido bueno, porque yo quisiera, a dos años de administración, haber tenido un 60 a 80 por ciento de las demoliciones realizadas”, abundó.
De las 105 solicitudes restantes para demolición de viviendas, 36 esperan por inspección y “preelegibilidad” por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). Asimismo, hay 22 dueños de casas que no han culminado la entrega de documentos, dijo el alcalde.
También hay 26 casas donde se detectó asbesto y plomo, de las que 16 ya se sometieron a la consideración del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para que otorgue el permiso de intervención. Esas demoliciones las hará la empresa Sunset Contractors & Recycling, que recibió una asignación de $500 mil.
Además, hay 18 residencias contaminadas con asbesto y plomo a menor escala, que requerirán tareas de mitigación.
La compañía West Development está a cargo de la demolición de las casas no contaminadas con estos materiales e intervendrá también con las 18 que deberán mitigarse. Para ello se le otorgaron $777,550, indicó Rodríguez Ramos.
“La meta es que, para junio de 2023, más o menos, tengamos un 80 o 90 por ciento de las viviendas con los trabajos de demolición (completados)”, manifestó.
Falta dinero
En el 2020 se anunció que Guánica recibiría $15 millones para la demolición de viviendas dañadas por los sismos. Sin embargo, a esta fecha solo se han depositado para esa partida $5.4 millones.
Para culminar el proceso, Rodríguez Ramos dijo que encaminó la petición de más fondos.
“Lo que nos quedaría es el proceso con el Departamento de la Vivienda y la Junta de Control Fiscal, que nos desembolsen el resto del dinero asignado a Guánica para que no nos atrase y pueda seguir corriendo de la manera regular”, señaló.
¿Después qué?
En lo que esto ocurre, algunas familias han podido reconstruir sus viviendas con recursos propios, con las partidas asignadas por FEMA, sus seguros privados o una combinación.
Sin embargo, otras esperan beneficiarse de una nueva asignación de fondos CDBG-DR, cuyos requisitos están contenidos en el Plan de Acción para la Recuperación en Respuesta a los Terremotos 2019-2020 y la Tormenta Tropical Isaías.
El documento dispone que se destinarán $29,139,200 para la rehabilitación, nueva construcción y relocalización de viviendas en Ponce, Guayanilla, Yauco y Guánica. Estos municipios crearon un consorcio para manejar los fondos, con la aspiración de agilizar los desembolsos.
“Esperamos que, cuando esto empiece, sea un solo proceso de subasta, un solo ingeniero y que no nos pongamos a competir entre municipios ante la falta de mano de obra. Tener un solo programa para los municipios afectados por los terremotos y buscar que esto corra de manera más rápida y eficaz para que la ayuda llegue más pronto a la gente”, sostuvo.
El plan ya fue discutido en una vista pública. El alcalde indicó que ese foro sirvió para aclarar dudas de la población guaniqueña.
“Fue una vista productiva donde los ciudadanos pudieron escuchar cuáles son los requerimientos y pudieron expresar sus preocupaciones. Hubo muchas preguntas sobre si este programa va a incluir estudios de suelo y la contestación fue que sí”, comentó.
Rodríguez Ramos aprovechó la ocasión para expresarle a funcionarios del Departamento de la Vivienda estatal y federal que lo idóneo es otorgarle la ayuda a cualquier persona cuya casa se dañó por los terremotos, independientemente de sus ingresos.
“Hace dos semanas atendí un caso de dos personas mayores que están esperando por la demolición y, mientras tanto, están pagando una renta de $1,000 en Cabo Rojo. Estas personas no cualificaron para algunas ayudas por los ingresos y yo he llevado la preocupación al Departamento de la Vivienda de que no debemos evaluar estos casos por ingresos, porque entiendo que eso es hasta una violación de derechos”, opinó.
“Aquí nadie estaba preparado para perder su casa. Se le debe tratar a todo el mundo por igual, después que se demuestre que los daños ocasionados a la vivienda fueron por terremotos. Son alrededor de $15 millones asignados a Guánica. Yo entiendo que esa ayuda va a dar y sobrar para ayudar a cada uno que pueda construir su vivienda”, agregó.
El alcalde recordó que también “tenemos otra asignación de HUD federal, que es de $184 millones, que se van a dividir entre los municipios que forman este consorcio”.
“O sea, que hay dinero de más para que esta ayuda le llegue a todo el mundo. Entiendo que el Departamento de Vivienda estatal y federal no deberían ponerse tan técnicos al cualificar a la gente que sufrió daños por terremotos, porque sería una pena que, teniendo el dinero, la gente no nos cualifique”, puntualizó.
