Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió el lunes una acusación al doctor Roberto Unda-Gómez por dispensar sustancias controladas sin ningún propósito médico legítimo.
“El Departamento de Justicia continúa luchando contra la epidemia mortal de opioides, que mata a miles de personas cada año en los Estados Unidos y Puerto Rico”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico en declaraciones escritas.
“El acusado violó tanto su deber profesional como la ley al vender recetas de opioides adictivos a personas que nunca examinó y que no tenían necesidad médica de los medicamentos”, añadió.
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) están a cargo de la investigación del caso.
Según documentos judiciales, Unda es un médico general con licencia para ejercer en Puerto Rico, México y Honduras, no en los Estados Unidos continentales.
El demandado, a sabiendas e intencionalmente, dispensó y distribuyó sustancias controladas de las Listas II y IV como Adderall, Oxicodona y Xanax sin ningún propósito médico legítimo, a pacientes en Puerto Rico y en los Estados Unidos continentales.
Unda usó los servicios de envío y entrega de FedEx Corp. y United Parcel Service para distribuir las sustancias controladas.
Unda está acusado de siete cargos por dispensar sustancias controladas por un practicante y tres cargos por el uso de una instalación de comunicación para facilitar la comisión de un delito grave.
El acusado tiene programada su comparecencia inicial ante el juez magistrado de los Estados Unidos Marshal Morgan del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Si es declarado culpable, Unda enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El fiscal federal adjunto especial Clay Rehrig está procesando el caso.
Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
