La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuentes, expresó su respaldo al Proyecto del Senado 169, que propone establecer una “orden de protección duradera” para menores víctimas de abuso sexual, con vigencia hasta que cumplan 18 años.
“Es la política pública de este gobierno la protección integral de todo niño y, dentro de los crímenes que se cometen contra la niñez, este es de los más graves y serios”, afirmó Roig Fuentes durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico del Senado.
Añadió que, en casos de abuso intrafamiliar, como ocurre en la mayoría de los incidentes, “una persona [que ha cometido un delito de esta naturaleza] no debe tener la menor impunidad y, ciertamente, pierde su derecho a relacionarse con un menor a quien le ha violentado su intimidad”.
La medida, presentada por la senadora Ada M. Álvarez Conde, busca enmendar la Ley 57-2023 para permitir órdenes de protección extendidas en estos casos, como mecanismo de seguridad a largo plazo para las víctimas.
Sin embargo, la propuesta no cuenta con el apoyo del Departamento de Justicia ni de la Oficina de Administración de Tribunales. El licenciado Francisco Caballero, del Departamento de Justicia, advirtió que la medida podría constituir una violación al derecho de padres y madres a relacionarse con sus hijos, en casos donde el agresor sea uno de los progenitores. “No surge que se establezca una distinción… y la orden propuesta podría ser una privación del derecho fundamental de estos de relacionarse con sus hijos”, expresó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Roxanna Soto Aguilú, también cuestionó la necesidad del proyecto, argumentando que el estado de derecho vigente ya permite activar intervenciones del Departamento de la Familia y emitir órdenes de protección bajo la legislación actual.
Desde la Oficina de Administración de Tribunales, la licenciada Giselle Rosa González explicó que los jueces pueden imponer medidas como la suspensión de relaciones filiales a través de órdenes de protección temporales, ajustadas a los hechos particulares de cada caso.
El Departamento de Educación, por su parte, expresó en su memorial que considera necesario establecer restricciones de contacto prolongadas cuando haya sospechas fundadas de abuso, para proteger al menor y su entorno.
