La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una medida que amplía el acceso al programa de reciclaje de asientos protectores para menores, al eliminar el requisito de entregar estos dispositivos con su manual de instrucciones, lo que permitirá que más familias puedan participar del programa.
La ahora Ley 2-2026, anteriormente Proyecto de la Cámara 806, enmienda la Ley 204-2024, conocida como la Ley del Programa de Acopio, Reúso y Reciclaje de Asientos Protectores. La legislación autoriza al Negociado del Cuerpo de Bomberos y a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito a recibir y reusar asientos protectores y asientos elevados (boosters) sin necesidad de que incluyan el manual.
La medida fue presentada por los representantes José Hernández Concepción y José Torres Zamora, y busca remover una barrera que limitaba la participación ciudadana en el programa de reciclaje y reutilización de estos equipos de seguridad infantil.
Además de esta legislación, la Gobernadora firmó otras tres medidas procedentes de la Cámara de Representantes.
Entre ellas, la Ley 3-2026, anteriormente Proyecto de la Cámara 424, del representante José Aponte Hernández, que enmienda varias leyes para que el secretario de Educación, el secretario de Justicia, el superintendente de la Policía y el director ejecutivo de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología trabajen en conjunto en el desarrollo e implementación de campañas educativas anuales sobre el uso seguro de Internet, medios electrónicos y prevención de delitos cibernéticos en las escuelas.
Asimismo, se firmó la Ley 4-2026, antes Proyecto de la Cámara 475, también de la autoría de Aponte Hernández, que enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico para incluir la prevención de trastornos de la conducta alimentaria —como anorexia, bulimia y trastorno por atracón— dentro de los talleres y campañas educativas sobre estilos de vida saludables. La medida faculta al Departamento de Educación a establecer alianzas con entidades del tercer sector y otras agencias gubernamentales.
Finalmente, la gobernadora firmó la Ley 5-2026, anteriormente Proyecto de la Cámara 156, presentada por el representante Ángel Morey Noble, que deroga la Ley 209-2004 y ordena la disolución de la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas, al considerarse inoficiosa. La legislación dispone que sus activos y bienes sean transferidos al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.
