La inspectora general Ivelisse Torres Rivera informó que el excomisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, y el excomisionado asociado, Juan Rodríguez Dávila, deben devolver sobre $114 mil pagados de forma irregular en horas extras y tiempo compensatorio federal.
Los pagos se emitieron entre enero de 2022 y abril de 2025.
La inspectora general emitió una orden contra el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Policía para requerir el recobro de las cuantías desembolsadas.
“Ambos funcionarios ocupaban puestos de confianza clasificados como exentos bajo la Ley 26-2017 (Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal), la Ley 20-2017 (Ley del Departamento de Seguridad Pública) y la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés). Las funciones justificadas para dichos pagos, tales como coordinación, supervisión y representación, son inherentes a sus cargos ejecutivos y no constituyen tareas operacionales”, estableció el informe sobre las razones por las cuales el desembolso a los servidores públicos fue contrario a las normativas aplicables.
“El pago de horas extras y la acumulación de tiempo compensatorio otorgados al comisionado y al comisionado asociado de la Policía constituyen una erogación contraria a derecho, en contravención de la Ley 26-2017, la Ley 20-2017, la Ley 8-2017, la FLSA y la normativa interna aplicable”, dijo Torres Rivera en declaraciones escritas.
“Ambos funcionarios ejercían cargos de confianza con funciones ejecutivas claramente definidas por ley y, por ende, no cualificaban para recibir dichas compensaciones. Las funciones reportadas para justificar los pagos corresponden a tareas ordinarias del puesto, lo cual refuerza la improcedencia de los pagos realizados”, abundó.
Como parte de la investigación, se identificó que ambos funcionarios solicitaron el disfrute de sus licencias acumuladas, que incluía licencias por enfermedad y sus excesos, previo a la efectividad de sus renuncias. El informe detalló que la División de Licencias de la Policía certificó los períodos para agotar dichas licencias, sin que al momento conste evidencia de condiciones de salud u otras circunstancias que justifiquen su utilización.
“La oficina emitió una orden para garantizar que el DSP y la Policía recuperen de forma efectiva las cuantías cuestionadas y además requirió la suspensión inmediata de cualquier pago de licencias por enfermedad concedidas a estos funcionarios como parte de su renuncia programada, sin evidencia de condiciones de salud ni certificación médica. De haberse realizado pagos por este concepto, la oficina ordenó también su recobro”, dijo Torres Rivera.
Asimismo, recomendó la revisión y anulación de cualquier autorización vigente que permita la concesión de horas extras o tiempo compensatorio a funcionarios de confianza en violación de la normativa aplicable. Al mismo tiempo, la agencia fiscalizadora requirió la emisión de una directriz para prohibir el pago de horas extras y tiempo compensatorio a funcionarios exentos, salvo en aquellos casos expresamente autorizados por ley, y que establezca criterios claros para la identificación de personal exento.
Responde el excomisionado
Por su parte, el excomisionado de la Policía, Antonio López Figueroa expresó que “me veo en la obligación de aclarar, con total transparencia, que nunca he recibido ni cobraría compensación alguna a la que no tuviera derecho por ley. Los pagos realizados a mí y a más de 8 mil policías y oficiales de rango, cumplieron con lo que exige la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo (FLSA) y con los criterios de elegibilidad establecidos por el propio Departamento de Seguridad Pública (DSP)”.
“Estoy convencido de que una revisión objetiva de la determinación de la OIG en el foro correspondiente esclarecerá que los pagos recibidos fueron hechos conforme a la ley y a una determinación federal”, añadió López Figueroa, quien insistió que la justificación de los pagos responde a que se mantuvo como oficial activo de la Policía bajo el rango de coronel.
“La sentencia federal del caso Tomás Pérez obliga a que se compensen esas horas en o antes de 30 días, cuya aplicabilidad se extendió a los más de 8 mil policías y oficiales de rango cubiertos por la determinación judicial. Así se ha hecho por años, bajo directrices vigentes que aplican a todo oficial entre los rangos de teniente II a coronel”, concluyó.
Chanchulleros, cabros velando lechugas. ¡Que bochorno y desprestigio para la Policía de Puerto Rico!