La propuesta de declarar como servicio esencial los cuidos prolongados para personas adultas mayores y adultos con diversidad funcional fue evaluada este viernes por el presidente de la Comisión de Bienestar Social y Adultos Mayores, Ricardo Rey Ocasio Ramos.
El Proyecto de la Cámara 998, presentado por la representante Estrella Martínez Soto, cuenta con el respaldo de los Departamentos de Salud y Familia, así como de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), mientras que el Departamento de Hacienda recomendó analizar el posible impacto fiscal antes de su implementación.
“Hay que reconocer que hay una realidad demográfica que enfrenta Puerto Rico, donde la población adulta mayor continúa creciendo de manera acelerada, este tipo de medidas busca que se le garantice a los ciudadanos un acceso seguro a cuidos esenciales. Hay que garantizarles su bienestar en temas de la salud, alimentación y sobre todo vivienda”, expresó Ocasio Ramos.
El documento de exposición de motivos detalla que la mediana de edad en Puerto Rico ha aumentado de 36.9 años en 2010 a 45.2 años en 2020, y que el porcentaje de hogares con personas de 65 años o más pasó de 35.1% a 40.6%, evidenciando un crecimiento sostenido de la población envejeciente que requiere atención especializada.
“El Departamento de Salud se alinea con los objetivos del P. de la C. 998. Reconocemos la relevancia de fortalecer los mecanismos que aseguren la continuidad de servicios esenciales”, indicó el secretario, Víctor Ramos.
Mientras, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, señaló que “Apoyamos la aprobación del proyecto”. Aunque recomendó sustituir el concepto de ‘institucionalización’ por ‘servicio de cuidado sustituto’ y utilizar el término ‘establecimientos’ conforme a la Ley Núm. 94, considerando que el lenguaje debe alinearse con la normativa vigente.
“El concepto de institucionalización de los adultos mayores o adultos con impedimentos es uno que ni el Departamento de la Familia, ni el Departamento de Salud, ni la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) utilizan, debido a las concepciones sociales y de salud que prevalecen en estas instituciones”, agregó.
La OPPEA y la Asociación de Cuidados Prolongados también expresaron respaldo a la medida, enfatizando su importancia para garantizar la dignidad y protección de este sector poblacional.
En contraste, Hacienda recomendó cautela, señalando que “las exenciones contributivas y los incentivos deben establecerse claramente en la ley, y sugerimos una evaluación por la Oficina de Gerencia y Presupuesto para determinar el posible impacto fiscal, especialmente en escenarios de emergencia”, indicó el secretario de la agencia, Ángel Pantoja.
