En busca de eliminar las barreras tecnológicas a la disponibilidad de servicios públicos, el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley el Proyecto del Senado 837, ahora conocida como Ley Antidiscrimen Cibernético.
La medida, de la autoría de la senadora por Acumulación, Keren Riquelme, obliga a cada dependencia a mantener la alternativa de que dichos servicios puedan ser solicitados a través de medios tradicionales, incluyendo en persona o mediante formularios impresos.
Por otra parte, las agencias y corporación públicas estarán obligadas a entregar información y documentación en formato auditivo aquellas personas con necesidades especiales en esa área
Mientras que las dependencias gubernamentales deberán tener computadoras y personal disponible ya sea en la propia agencia o en municipios u organizaciones sin fines de lucro por acuerdos colaborativos para asistir a los ciudadanos en trámites, al momento que surja dicha necesidad.
“Menos del siete por ciento de los adultos mayores manejan adecuadamente el internet, es un reto, por eso esta ley viene a atender una necesidad real”, dijo Riquelme en declaraciones escritas.
“No cabe duda de que la modernización de los sistemas de servicios públicos mediante la aplicación de nuevas tecnologías es necesaria. Sin embargo, de igual manera es imperativo reconocer que para un sector de la población los sistemas cibernéticos han creado barreras de acceso a los servicios gubernamentales, mucho mayores que las que se pretendieron eliminar”, añadió la senadora por Acumulación.
En meses recientes, grupos de personas de la tercera edad reclamaron que las solicitudes de ayuda para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas, (TANF, en inglés) sean dadas, también, a papel, ante la realidad de que muchos no dominan los sistemas para aplicar en línea.
