La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó de que este 2022 ha estado marcado por falta de transparencia y el derecho de acceso a información pública por parte del Gobierno de Puerto Rico y de LUMA Energy, a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en la isla.
De acuerdo con un informe aprobado en la 78 Asamblea General de la SIP, celebrada en Madrid y que concluye este domingo, «en ocasiones las agencias de Gobierno ignoraron las peticiones de información pública», hasta que se solicitaron mediante recursos judiciales.
Asimismo, el documento señaló que el Poder Judicial de Puerto Rico a veces se mostró reacio a imponer sanciones a las agencias que denegaron información.
La SIP mencionó también que LUMA Energy se opuso a brindar información sobre sus operaciones sufragadas con dinero público, en especial tras el paso el 18 de septiembre del huracán Fiona que impactó en el suroeste de Puerto Rico causando daños catastróficos.
«La empresa se negó a rendir cuentas sobre la operación con fondos públicos del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica contraargumentando que una empresa privada no está obligada a ofrecer esa información», precisó el informe.
El documento refleja que varios proyectos de ley para enmendar las leyes de transparencia y para proteger las fuentes confidenciales de los periodistas todavía no se convirtieron en legislación.
En un repaso por las medidas para solventar la falta de transparencia, la SIP detalló que en junio el Senado aprobó un proyecto para eliminar el secreto en procesos relacionados con la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica.
Del mismo modo, el Senado ratificó en agosto un proyecto para establecer el Privilegio del Reportero, con la finalidad de que un periodista no pueda ser declarado en desacato por un organismo gubernamental por negarse a revelar su fuente o a divulgar cualquier información.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) acudió a los tribunales en julio para obtener acceso a información pública de la Administración de Seguros de Puerto Rico sobre la utilización de los planes médicos que participan del plan de salud del Gobierno desde 2012.
Finalmente, la SIP indicó que en junio, GFR Media, LLC, presentó un recurso judicial en contra de la Autoridad de Carreteras y Transportación para obtener información sobre la infraestructura de Puerto Rico.
Creada en 1943 en La Habana (Cuba) y con sede en Miami (EEUU), la SIP agrupa a propietarios, editores y directores de medios de comunicación, principalmente de prensa escrita, de América, que representan a más de 1,300 publicaciones con una circulación de 43 millones de ejemplares en papel y un número creciente de lectores por internet. Su principal objetivo es la libertad de prensa.
