El juez Hamed Santaella Carlo resolverá por escrito la demanda del Gobierno Municipal de Guayanilla y tres residentes del sector San Germán del barrio Indios, quienes reclaman la paralización de la construcción de una torre de telecomunicaciones por parte de Elite Towers.
Santaella Carlo, quien preside la sala 601 del Centro Judicial de Ponce, se reservó el fallo este jueves, luego de efectuarse la vista sobre el recurso de injunction estatutario solicitado por los demandantes.
El juez también resolverá la solicitud de injunction preliminar de la alcaldía y los vecinos, cuya vista se efectuó el pasado 31 de mayo.
Ante su consideración están, además, las mociones de desestimación presentadas por las codemandadas Elite Towers, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), así como una petición de desestimación non-suit que estas hicieron hoy en la corte por falta de prueba.
Disputa por evaluación del DRNA
Antes de iniciar la vista, el juez declaró no ha lugar una solicitud de los demandantes para que el tribunal ordenara la comparecencia de cuatro funcionarios del DRNA que fueron al área de construcción el pasado 2 de junio y evaluaron el terreno para determinar si se trata de un humedal, como plantean los demandantes.
Se trata del biólogo Ramón Rivera, un agrimensor de apellido Sustache, Jeffrey Santiago y Alexander González. Según los residentes, estos laboran en el DRNA en San Juan.
El abogado del ayuntamiento, Raúl Márquez Hernández, solicitó reconsideración, pero el juez no cambió su decisión.
La postura del juez, y de los demandados, es que el municipio y los residentes debían citar a estos funcionarios del DRNA como testigos y sentarlos a declarar hoy. Márquez Hernández se sostuvo en que peticionarlo a través del juez era la vía correcta.
Esta determinación marcó la tónica de la vista, pues los demandantes necesitaban el testimonio de los empleados del DRNA para tratar de probar que la OGPe expidió el permiso de construcción basado en información falsa o incompleta provista por Elite Towers. En específico, que la empresa omitió que el lugar es un humedal.
Márquez Hernández argumentó en sala que, según la información provista por los funcionarios del DRNA a los residentes, el lugar elegido para el proyecto efectivamente es un humedal y que la torre se empezó a construir en unas coordenadas distintas a las que estipula el permiso otorgado por la OGPe.
Tales aseveraciones no se han podido confirmar debido a que el DRNA se negó a proveer las conclusiones de sus funcionarios y el juez, al fallar en contra de los demandantes, no obligó a la agencia a hacerlo.
Apelación a la vista
Al finalizar la vista, Márquez Hernández admitió que no pudo probar su caso, por lo que anticipa un fallo en contra. También adelantó que si el alcalde Raúl Rivera Rodríguez decide continuar con el pleito, acudirá al Tribunal de Apelaciones.
“Yo puedo adelantar cuál es el fallo. Naturalmente, ante la ausencia de los funcionarios de Recursos Naturales yo no cumplí con el rigor de prueba. No lo cumplí”, expresó el abogado del ayuntamiento.
“Pues si no lo cumplí, ¿qué puedo esperar? Que me resuelvan en contra. ¿Cómo lo voy a cumplir? Con la orden, por eso tengo que insistir en la orden, con los funcionarios allí sentados bajo juramento”, prosiguió.
¿Entonces la decisión de apelar está tomada?, preguntó La Perla del Sur.
“Claro, salvo que el municipio de Guayanilla me instruya lo contrario, yo voy para el Tribunal de Apelaciones”, respondió.
Los testigos
Márquez Hernández presentó como único testigo al director de Finanzas del ayuntamiento, Luis Ángel Ramos Feliciano.
El funcionario aseguró que el alcalde no le instruyó devolverle a Elite Towers el pago por concepto de arbitrios de construcción y patente municipal, sino que fue una decisión suya, la cual tomó luego de reunirse con los abogados de la alcaldía.
Además, no pudo responder en cuál ley o reglamento se basó para apoyar su decisión. En ese sentido, comentó que lo hizo “dada la controversia que había y como ciudadano también, porque yo tengo mi niño pequeño”.
Sobre el particular, todos los demandados argumentaron que la alcaldía no tiene la facultad para paralizar una obra a través de este mecanismo administrativo, pero Márquez Hernández reiteró que el Código Municipal faculta al alcalde a tomar decisiones en los límites territoriales del municipio, para garantizar la seguridad de la población.
Ramos Feliciano dijo también que el cheque les fue devuelto, pero no precisó si por una gestión del correo o de Elite Towers.
Por su parte, el licenciado Jaime Bermúdez Pellicier, representante de los residentes Waldo Muñiz Irizarry, José Alfredo Rodríguez Morales y Elizabeth Ortiz Orengo, solo sentó a declarar al primero.
El abogado intentó presentar a Muñiz Irizarry como un conocedor de humedales, por sus estudios en biología, pero los demandantes objetaron porque no fue citado en calidad de perito. La línea de preguntas se interrumpió cuando entró en materia del humedal y el testimonio concluyó abruptamente.
Bermúdez Pellicier, quien labora en la oficina de Ponce de Servicios Legales de Puerto Rico, determinó no sentar a declarar a sus otros dos clientes, ni a Manuel Díaz Pérez, quien presentó una querella ante el DRNA por presuntamente dirigir agua con cemento hacia el humedal el día que hicieron la base de la torre.
En un aparte con La Perla del Sur, el abogado indicó que necesitaba a los empleados del DRNA en sala para que los testigos pudieran responder preguntas sobre las interacciones que tuvieron el 2 de junio durante la evaluación del terreno.
