Elite Towers montó su torre de telecomunicaciones en Guayanilla

Tras un combate legal con la comunidad y la alcaldía de Guayanilla, la empresa Elite Towers instaló su torre de telecomunicaciones en el sector San Germán del barrio Indios.

Luego de que el juez del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, Hamed Santaella Carlo, desestimara el 20 de julio la demanda con la que el Gobierno Municipal de Guayanilla y tres vecinos buscaban paralizar definitivamente este proyecto, la compañía llegó el pasado viernes, 4 de agosto a instalar el cilindro de 130 pies de alto.

La construcción todavía no se ha completado, pues falta la colocación de cables y una subestación eléctrica. Hasta el cierre de este reportaje, las labores no se han reanudado.

A pesar de que el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, manifestó en múltiples ocasiones su intención de acudir al Tribunal de Apelaciones si recibía un fallo en contra, hoy expresó que no ha tomado una decisión sobre el particular.

“Tengo una reunión hoy con mi equipo legal a ver el curso a seguir”, señaló.

Por otra parte, el licenciado Jaime Ruberté, director de la oficina de Ponce de Servicios Legales de Puerto Rico, comunicó que el juez Santaella Carlo no accedió a paralizar la obra reiniciada el viernes.

“Se presentó una moción de reconsideración (de la sentencia) y una moción de paralización que la acaban de resolver hoy no ha lugar”, indicó.

La moción de reconsideración fue acompañada de una solicitud de determinaciones de hechos adicionales, según dijo Ruberté, “para ver si se puede apelar en su momento”.

Elite Towers allanó el camino para la instalación de la torre el 7 de julio, mientras todavía se esperaba la determinación judicial, cuando tapó el hueco de la base con tierra y dejó los tornillos expuestos. Ese día, el portavoz de los residentes, José Rodríguez Morales, dijo a La Perla del Sur que el ingeniero a cargo de la obra le había asegurado que el dueño de Elite Towers, Fernando Ortiz, había desistido de construirla.

Sin embargo, días después, sin que todavía el juez Santaella Carlo emitiera su determinación, la empresa confirmó a través de una moción judicial que su interés seguía intacto y, además, requería presencia policiaca para retomar las obras.

La torre ubica en una zona residencial, al lado de la carretera PR-335 y frente a una cancha de baloncesto.

La comunidad se ha opuesto a su instalación por entender que el terreno sobre el cual se levantó forma parte del humedal que circunda este sector y por representar un riesgo de seguridad ante la eventualidad de un sismo. La torre está contigua al único acceso con que cuenta este sector.

Informe del DRNA es clave

La confirmación sobre que el terreno sea o no un humedal es competencia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que se ha negado a proveer la información.

La querella que dio paso a la evaluación del DRNA fue presentada por Manuel Díaz Pérez, integrante del Campamento contra las cenizas en Peñuelas y quien fue arrestado por la Policía el día que Elite Towers depositó el cemento de la base en horas de la madrugada.

Díaz Pérez indicó a este medio que ha solicitado reiteradamente el informe que se elaboró producto de la evaluación, pero se le ha negado.

“El viernes llamé y una persona allá (en la oficina de San Juan) me dice: ‘eso está aquí, dame tu correo electrónico que te lo voy a enviar’. Le envié el correo electrónico y no me lo enviaron. Seguí llamando y llamando, y no me quisieron contestar”, relató.

“Ayer cuando llamo me atiende la misma persona y me dice: ‘yo fui el que te atendí y no te lo envié, porque de la oficina de la secretaria (Anaís Rodríguez Vega) ordenaron que no se te podía entregar a ti ni a nadie, porque eso está todavía bajo investigación’. Y yo le dije que, si todavía estaba bajo investigación, por qué permiten que esa compañía siga trabajando”, prosiguió Díaz Pérez.

El activista ambiental agregó que, en otras ocasiones, personal del DRNA le ha dicho que pida el informe en las oficinas de Guayama y Humacao, pero tampoco se lo han entregado.

En las vistas judiciales, entretanto, el juez no dio paso a la citación como testigos de los funcionarios del DRNA que hicieron la evaluación y la abogada de la agencia, Tania Matías, tampoco divulgó la conclusión del informe.

El licenciado Ruberté adelantó que la petición de reconsideración se ancla en el proceder del DRNA.

“Nosotros estamos basando la reconsideración en el asunto de Recursos Naturales y en el error que cometió el tribunal al no ordenar que nos entregaran el resultado de la investigación. Le estamos diciendo al tribunal que debe presumir que el informe es adverso a ellos, porque si le hubiera sido favorable a su petición lo hubiesen presentado”, explicó.

Cuatro legisladores le han requerido al DRNA la información que tiene sobre este caso. Se trata de los representantes José Rivera Madera, del Partido Popular Democrático; Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño; y Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana, y la senadora independentista María de Lourdes Santiago.