El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, confirmó que su agencia realiza una investigación a los expedientes relacionados a un centro de inspección (CI) vinculado a la secretaria del Departamento de la Vivienda (DV), Ciary Pérez Peña.
“Desde el momento que tuvimos conocimiento de las imputaciones que se han realizado públicamente sobre las estaciones de inspección de vehículos, y conforme a lo requerido por la gobernadora, Jenniffer González Colón, se ordenó una revisión interna de los expedientes a fin de corroborar el récord y asegurar la integridad de los procesos, sin prejuzgar sobre determinaciones fuera del ámbito administrativo de la agencia. Dicha revisión aún se encuentra en proceso”, dijo González Montalvo.
Según consta en los documentos revisados, durante el año 2023 se atendieron señalamientos relacionados con varios centros de inspección de vehículos en todo Puerto Rico.
Como parte del proceso, la Oficina de Investigaciones e Inspección de la Directoria de Servicios al Conductor (DISCO) realizó una verificación mediante muestreo aleatorio de 412 transacciones correspondientes a certificados de inspección irregulares de los meses de junio, julio y agosto de 2023, y notificó los hallazgos a la estación mediante comunicación de 26 de octubre de 2023.
Según indica dicha comunicación, “…los certificados de inspección identificados se expidieron utilizando algún equipo de reproducción ajeno al equipo de inspección de automóviles autorizado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Adicionalmente, estas inspecciones no obraban registradas en la base de datos de transacciones realizadas en la máquina de inspección”.
Como resultado del trámite, el centro estuvo sujeto a un cierre administrativo desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 24 de julio de 2024. El DTOP indicó que cuenta con evidencia documental de un pago de $5,000 asociado a este trámite.
“De la revisión realizada no surge un documento que contenga acuerdo o mención de una sanción por la cantidad de $25,000”, reza un comunicado suministrado por esa agencia.
“En respuesta a los señalamientos públicos, el DTOP reitera que no ha tomado represalias contra ningún empleado. Todas nuestras acciones se han limitado al marco administrativo y regulatorio aplicable”, concluyó el secretario del DTOP.
