El reclamo judicial para que las multinacionales suplidoras de combustible Vitol y Trafigura devuelvan a Puerto Rico sobre mil millones de dólares cobrados en exceso mediante un esquema fraudulento de venta de petróleo a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lleva dos años paralizado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico.
Esto, a la espera de que la corte determine si proceden o no mociones para que se desestime el caso, sometidas en el 2022 por los abogados de los imputados.
La demanda fue radicada por la Junta de Control Fiscal casi cinco años atrás, el 30 de junio de 2019, como mecanismo para recobrar pagos ilegales realizados por la corporación pública y redirigir el dinero a los acreedores no asegurados de la AEE, afectados por la quiebra de la corporación pública.
No obstante, el esquema fraudulento trascendió hace poco más de una década, el 19 de mayo de 2014, cuando el periódico El Vocero develó cómo un grupo de suplidores, laboratorios y figuras clave de la AEE burlaron los controles de compra y análisis de combustible para adquirir petróleo de baja calidad a precios excesivos.
La investigación del medio, liderada por Yennifer Álvarez Jaimes, advirtió que esta práctica pudo originarse tan temprano como en la década de 1990 y estimó que los pagos ilegales pudieron alcanzar los $140 millones anuales, durante más de una década.
“Este caso está ‘empantanado’ en una etapa procesal”, confirmó a La Perla del Sur el abogado especializado en la Ley PROMESA, Rolando Emmanuelli Jiménez.
Según abundó, los pedidos para que se desestime el caso fueron sometidos en julio del 2022 a la magistrada Judith G. Dein, quien a su vez debe redactar un informe con recomendaciones a la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el proceso de bancarrota del Gobierno de Puerto Rico.
“Y esa recomendación aún no aparece en el docket (expediente judicial). Eso no está. Hay que presumir que no lo ha hecho todavía”, continuó Emmanuelli Jiménez. “La magistrada haría una recomendación sobre qué procede y la jueza (Taylor) la adopta, la rechaza o la modifica”.
“¿Por qué alegan que no procede la demanda?”, continuó. “Yo no he leído los sustantivos de las mociones de desestimación, pero puede haber planteamientos de falta de prueba o prescripción”.
“Sea cual sea el caso, a la jueza Taylor le corresponderá resolver”.
¿Largo trecho?
En caso de que se desestime el recurso, “no habría reclamación que justifique la concesión de un remedio, y los demandados no tienen que pagar nada”, agregó Emmanuelli Jiménez, pero si la jueza Taylor acepta continuar con la demanda, “todos pasarían al descubrimiento de prueba, para probar el caso”.
“Todavía hay mucho camino por andar”, aclaró, “porque también hay que contar que si se declara la desestimación, el Comité Especial de Reclamaciones de la Junta de Control Fiscal que está demandando puede apelar y, también, si la jueza encuentra que hay responsabilidad, los demandados también pueden apelar al circuito”.
“Esto, lo que significa, es que no sabemos ni siquiera cuánto tiempo va a durar todo esto”, manifestó.
