Empresas como Putnam Bridge -del inversionista Nicholas Prouty- y Clean Flexible Energy -una filial de AES Puerto Rico- han utilizado tácticas turbias para obtener beneficios multimillonarios de proyectos solares, denunciaron hoy organizaciones ecologistas y residentes del municipio de Salinas.
Como prueba, el colectivo presentó hoy un informe realizado por la firma Empower, donde se investigan a corporaciones e individuos que están generado ganancias millonarias de políticas de energía limpia, a costa de suelos agrícolas y del bienestar de comunidades en el sur de Puerto Rico.
“Aprovechándose de un proceso de contratación escasamente competitivo y mediante plena ilegalidad, estas empresas se han saltado los debidos procesos de aprobación de proyectos energéticos y los de obtención de permisos, resultando en el uso de tierras agrícolas protegidas y la inundación de comunidades enteras con agua destinada a recargar el acuífero del sur, el mismo acuífero que AES ha contaminado con sus cenizas tóxicas de carbón”, comentó Roberto Thomas, coordinador de la Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO).
El informe también alude a potenciales conflictos de interés entre proponentes y evaluadores. Entre ellos, el de la expresidenta de Clean Flexible Energy (AES), María Berio, quien “actualmente es la principal oficial de servicios corporativos de LUMA Energy, la compañía privada contratada por la Autoridad de Energía Eléctrica para administrar la transmisión, distribución y comercialización de energía”, resaltó Thomas.
De igual forma, se incluyó la relación del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia con AES, quien laboró como cabildero para la empresa antes de asumir su cargo.
De igual modo, el conflicto de interés consumado del secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, al otorgar el endoso al proyecto de AES, mientras la empresa de la cual González era socio y su hijo vicepresidente, Agriart LLC, alquilaba sus terrenos para el proyecto.
“En el caso de CIRO Group, varios de sus ejecutivos y el dueño beneficiario de sus proyectos, Nicholas Prouty, han hecho donativos a políticos que posiblemente influyeron en el proceso de aprobación de permisos de los proyectos energéticos, como la actual alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, y el gobernador Pierluisi”, planteó de otra parte Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental.
El informe también señala que Prouty mantiene activos vínculos con políticos influyentes, tanto en Puerto Rico como Washington D.C., al grado de que en un evento de recaudación de fondos efectuado en la isla, fue Prouty quien recibió a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y a la secretaria del Departamento de Energía federal, Jennifer Granholm.
Por su parte, la agrónoma Yaminette Rodríguez Sierra criticó que tras la concesión absoluta de peticiones a estas empresas el gobierno central haya permitido que cientos de cuerdas de tierra agrícola queden inutilizables.
“Para iniciar la construcción de CIRO One se tuvo que eliminar la vegetación y compactar el suelo fértil para poder incrustar las bases de las placas solares, las cuales sellan e impiden la infiltración y recarga de agua del acuífero del sur -único suministro de agua en Salinas”, puntualizó.
Según expuso, esto ocasionó “que el agua corra hacia las comunidades. Por lo tanto, cientos de cuerdas de tierra agrícola han quedado inutilizables, las casas se han inundado, y el agua cargada de sedimentos pesados logra llegar hasta la bahía de Jobos, una reserva designada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica”, explicó la agrónoma.
Sobre este particular, Diana Santi Santiago, portavoz del grupo Nos Inundan de Placas, recalcó que “a estos grandes inversionistas y a los políticos corruptos, no les importa el impacto que tienen los proyectos en las familias”.
“Aquí no hubo estudios hidrológicos adecuados, no se consultó a la comunidad sobre la construcción del proyecto y, en general, el proceso de concesión de permisos es muy problemático. Siguen desplazando nuestras comunidades y causando peligros ambientales, además de los que ya vivimos los residentes. Nos quieren desaparecer, pero nosotros no lo vamos a permitir”, aseveró Santi Santiago.
