Los resultados de un muestreo que la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por siglas en inglés) realizó hace más de un año para determinar si contaminantes asociados a las cenizas de carbón de AES Puerto Rico han migrado a la arena, el agua y el fondo marino de la bahía Las Mareas al fin serán develados.
El cuerpo de agua colindante con la carbonera fue examinado y estudiado por peritos de la agencia en marzo de 2024, luego de que vecinos de las comunidades cercanas denunciaran múltiples actos de negligencia ambiental, mientras la empresa se deshacía de sus cenizas de carbón, entre los años 2017 y 2022.
Por presión pública primero y legislación gubernamental después, desde hace siete años la carbonera embarca hasta el puerto de Jacksonville, Florida, las sobre 300 mil toneladas de cenizas tóxicas que genera anualmente en su central eléctrica del barrio Jobos en Guayama.
Sin embargo, durante los operativos de carga en el muelle de Las Mareas, cantidades indeterminadas del desecho han caído a la bahía donde arriban las barcazas y a los humedales colindantes. También han sobrevolado miles de metros hacia el oeste y noroeste del terminal, en forma de nubes de particulado.
En esa dirección ubican las comunidades densamente pobladas de Jobos, Miramar y Puerto de Jobos.
Todos los episodios han sido documentados por vecinos y algunos, incluso, han sido difundidos por La Perla del Sur.
Giro inesperado
Sin embargo, esta vez la noticia de la EPA ha generado un efecto rebote.
Como denunció Víctor Alvarado Guzmán, ecologista y cofundador de la agrupación Diálogo Ambiental, funcionarios de esta agencia se han negado a presentar los hallazgos en la placita de la comunidad Miramar, una de las más afectadas por las emisiones de particulado y olores objetables, al igual que en horario accesible para los vecinos que laboran en y fuera del municipio.
“Pero lo que es aún más preocupante es que también se han negado a adelantarnos los resultados de esos estudios, como ha sido la práctica en el pasado, que los compartían de antemano con el compromiso de que no se discutirían públicamente, para poder estudiar los hallazgos y hacer las preguntas de rigor durante la reunión abierta con la EPA”, estipuló Alvarado Guzmán.
“Y no solo se negaron”, continuó. “Ya nos dijeron que si tenemos preguntas, las podemos hacer durante la presentación que harán o a través de correo electrónico, ¡dando la impresión de que no van a haber más reuniones!”, exclamó.
“Por lo tanto, mi impresión desde ya es que la EPA lavará la cara a AES, presentando unos estudios a medias”, opinó.
La denominada sesión de información pública de la agencia federal tendrá lugar este jueves, 14 de agosto, a las 2:30 de la tarde en el recinto de Guayama de la Universidad Interamericana.
Durante la misma, también contemplan divulgar los resultados de los estudios de material particulado realizados en la comunidad Miramar y otras hacia el oeste de AES, entre los años 2023 y 2024.
La Perla del Sur solicitó a la oficina de la EPA en Puerto Rico una reacción sobre el tópico y al cierre de este reportaje su oficial de Relaciones Públicas, Liliana Alemán, se comprometió a facilitar una respuesta de Carmen Guerrero Pérez, directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA.
La misma se publicará a su recibo.
Tormenta a la vista
Las denuncias trascienden a solo días de que el administrador nacional de la EPA, Lee Zeldin, anunció que la administración Trump planea rescindir la declaración de 2009, conocida como el dictamen de peligro, que establece que los gases de efecto invernadero que calientan el planeta representan una amenaza para la salud pública.
Este giro dramático de política pública no solo constituye un cambio hacia la negación total del consenso científico, sino que además abre de par en par las puertas para que centrales eléctricas de Estados Unidos y sus territorios no tengan que controlar ni responder por sus emisiones contaminantes.
“De concretarse, la propuesta constituiría la mayor medida desregulatoria en la historia de Estados Unidos”, declaró Zeldin durante una conferencia de prensa efectuada en la sede de un concesionario de camiones en el estado de Indiana, el pasado 29 de julio.
