El presidente de la Unión de Operadores de Máquinas en Ruta (UNOMAR), Gilberto Narváez, junto a representantes de la organización, denunció el martes irregularidades en la Comisión de Juegos de Puerto Rico que, según afirmaron, afectan a pequeños y medianos comerciantes del país mientras se favorece a grandes intereses multinacionales.
“El país no puede seguir tolerando que la Comisión de Juegos, bajo la dirección de Juan Carlos Santaella Marchán, siga con actuaciones altamente cuestionables y concediendo burdamente privilegios a grandes operadores que adeudan más de 10 millones de dólares desde 2021, mientras persigue con redadas y multas a comerciantes locales que llevan tiempo reclamando procesos claros y justos para poder cumplir con la ley”, expresó el licenciado Michael Corona, representante legal de UNOMAR en declaraciones escritas.
“La ley es clara: quien debe, no puede renovar. Sin embargo, aquí se renuevan licencias sin pagar, sin inspecciones y bajo reglamentos inválidos. Eso es corrupción institucionalizada”, añadió.
Los portavoces señalaron que la Comisión ha renovado licencias a operadores con deudas millonarias con el Estado, ha emitido marbetes a máquinas de juegos sin la debida inspección y ha permitido transferencias ilegales de licencias, acciones que describieron como parte de un esquema de tráfico de influencias y cabildeo a favor del llamado “grupo de los 100”, compuesto principalmente por corporaciones creadas tras las enmiendas a la ley en 2019.
Narváez sostuvo que estas prácticas afectan directamente a pequeños comerciantes que cumplen con la ley y que operan máquinas en colmados, cafeterías y chinchorros, negocios que dependen de esos ingresos para subsistir.
“Nuestra lucha no es por evadir responsabilidades, sino por cumplir y aportar más que nunca. Sin embargo, la Comisión nos cierra las puertas mientras regala privilegios a un grupo selecto y a multinacionales, que ni siquiera sus ingresos se quedan en la isla. Somos comerciantes locales que queremos operar bajo reglas claras y justas para todos. Cumplir es nuestro compromiso. Justicia es nuestro reclamo”, manifestó Narváez.
Finalmente, Oscar Morales, también representante de UNOMAR, pidió que se investiguen los procesos de la Comisión de Juegos. “Queremos cumplir, queremos aportar al retiro de la Policía y estamos listos para hacerlo. Pero la transparencia no puede seguir siendo una promesa vacía: es la única garantía de justicia para los comerciantes locales que históricamente han aportado al desarrollo económico del país”, concluyó Morales.
Reacciona la Comisión de Juegos
El director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, Juan Carlos Santaella Marchán, reaccionó el martes a las denuncias de UNOMAR y aseguró que la información difundida por ese grupo es incorrecta y busca desviar la atención sobre prácticas ilegales sostenidas por años.
“La información vertida por el grupo UNOMAR es incorrecta y tiene como objetivo desviar la atención sobre una práctica ilegal sostenida por décadas y que pretenden perpetuar en contra de otros operadores de la misma industria que están cumpliendo con su deber legal y ciudadano”, expresó Santaella Marchán en declaraciones escritas.
El funcionario explicó que el proceso de renovación de licencias culminó en junio para los 110 operadores previamente licenciados en 2021. Señaló que la Comisión ha expedido sobre $2 millones en multas a negocios que continúan operando ilegalmente tras la entrada en vigor de las enmiendas a la Ley 11 del 22 de agosto de 1933.
“Los operadores certificados y en cumplimiento con la ley han aportado sobre $8.5 millones en recaudos por concepto de las máquinas de juegos de azar en ruta. Desde la aprobación de la nueva ley, hemos trabajado arduamente en la fiscalización de esta industria, y los números así lo demuestran”, añadió Santaella Marchán.
