Organizaciones ambientales y agrícolas denunciaron que una reciente decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan favorece al Negociado de Energía (NEPR) y abre la puerta a que continúen los proyectos solares industriales en terrenos agrícolas y áreas ecológicamente sensibles del país.
La coalición Tierras Pa’ Agricultura, Techos Pa’ Energía calificó la determinación como “un golpe a la imparcialidad y a la democracia ambiental”, al entender que el tribunal desestimó su petición para que las agencias públicas cumplan con su deber legal de identificar terrenos adecuados para proyectos solares sin comprometer la seguridad alimentaria ni la Reserva Especial Agrícola.
“El gobierno ha ido acomodando agencias para que no existan entes imparciales que evalúen los reclamos de las comunidades. Esto es muy peligroso porque confirma la falta de democracia severa que atraviesa Puerto Rico”, expresó Lydia Díaz, del Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida (YUCAE).
Por su parte, Alfredo Vivoni, del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, señaló que “necesitamos un sistema judicial que atienda los problemas en las comunidades y no los intereses de unos pocos sobre el bien colectivo”.
Desde 2020, la coalición ha exigido al Negociado de Energía (NEPR), al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que divulguen información completa sobre los proyectos solares industriales y protejan los suelos agrícolas designados por ley. Sin embargo, denuncian que sus reclamos han sido desestimados una y otra vez, tanto por las agencias como por los tribunales.
La determinación más reciente desestimó el segundo recurso de mandamus presentado por la coalición, aun cuando el Negociado no se ha comprometido a definir los lugares apropiados para la instalación de proyectos solares industriales. “Esto deja un vacío en la fiscalización y permite que las agencias continúen parcializándose a favor de los intereses industriales”, señalaron los portavoces.
Aun así, los grupos aclararon que no se oponen a la energía renovable, sino al uso de terrenos agrícolas para proyectos a gran escala. Respaldan la instalación de paneles solares en techos, estacionamientos y vertederos clausurados, así como la creación de microrredes comunitarias.
“Llamamos al pueblo a exigir rendición de cuentas y una transición energética justa. No se puede sacrificar la agricultura por contratos mal planificados”, expresó Víctor Alvarado Guzmán, del Comité Diálogo Ambiental.
Actualmente, cerca del 85 por ciento de los alimentos consumidos en Puerto Rico son importados, y los grupos advierten que el desplazamiento de tierras fértiles agrava la crisis de soberanía alimentaria.
La demanda, presentada el 21 de agosto, fue impulsada por la Liga de Ciudades PR Inc., la Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica, el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, El Puente de Williamsburg Inc., el Comité Diálogo Ambiental Inc., Mujeres de Isla Inc. y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida Inc.
