La discusión sobre posibles cambios a la Ley de Armas volvió a generar fricciones este jueves en el Capitolio, donde la Policía, organizaciones de portadores y agencias reguladoras expresaron visiones encontradas sobre el Proyecto de la Cámara 1138, que propone permitir la portación simultánea de pistolas o revólveres cargados.
El superintendente de la Policía, Joseph González, rechazó la enmienda y recomendó mantener la redacción vigente del Artículo 2.02 de la Ley 168‑2019, que solo permite la posesión inmediata de un arma de fuego a la vez. Según el jefe de la Uniformada, una parte significativa de los incidentes con armas legales está vinculada a extravíos, por lo que ampliar la portación podría aumentar riesgos de pérdida, robo o manejo negligente.
La medida fue presentada por petición de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas (Codepola), cuyo presidente, Ariel Torres, argumentó que la ley vigente contiene “vacíos normativos” que deben corregirse. Torres insistió en que los ciudadanos con licencia cumplen con rigurosos criterios estatales y federales, por lo que deberían poder portar más de un arma cargada. “La Policía sabe las armas que yo tengo, pero no sabe las armas que tiene el delincuente”, sostuvo.
La Asociación de Portadores de Puerto Rico también expresó reservas, aunque desde otro ángulo: su director interino, José Cruz, opinó que la enmienda podría infringir la Segunda Enmienda al limitar la portación simultánea únicamente a pistolas y revólveres, excluyendo armas largas utilizadas por oficiales de seguridad independientes.
Torres, sin embargo, aclaró que la ley actual ya permite a guardias de seguridad privados portar un arma larga expuesta y otra oculta, siempre que cuenten con las licencias correspondientes. Extender esa facultad a oficiales independientes sin el mismo proceso de certificación sería, a su juicio, “violentar la ley y el orden”.
El proyecto también propone cambios al proceso de licencias para cazadores, lo que provocó oposición del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Su secretario, Waldemar Quiles, advirtió que trasladar el licenciamiento de caza a la Policía podría poner en riesgo fondos federales asignados por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, además de fragmentar la regulación entre armas de fuego y arco y flecha.
El Departamento de Justicia coincidió en que alterar las facultades del DRNA podría afectar el balance regulatorio y el rol especializado de la agencia en el manejo de vida silvestre.
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, presidida por Félix Pacheco Burgos, continuará evaluando las ponencias antes de emitir un informe sobre la medida.
