El Departamento de Educación (DE) rechazó una propuesta de ley que concede un aumento mensual de $1,000 a empleados no docentes, al plantear que la medida “interviene” con su Plan de Clasificación y Retribución, actualmente en fase final.
La Comisión de Educación, presidida por la representante Tatiana Pérez Ramírez, evaluó el Proyecto de la Cámara 703, presentado por el presidente de la Cámara, Carlos Méndez Núñez, a petición del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras.
“No es viable que automáticamente se les aumente el salario a todos los empleados, sin distinción alguna, porque no se estaría tomando en consideración el principio de mérito; las funciones actuales que lleva ese puesto, ese empleado”, dijo la licenciada Saraí Ruiz, directora de la Oficina de Política Pública del DE.
En una ponencia firmada por el secretario Eliezer Ramos Parés, el DE informó que el Plan impactará a 7,936 empleados; 6,319 de ellos (79%) recibirán aumento. La revisión y análisis del Plan deben concluir a más tardar en diciembre de este año.
La agencia adelantó que el nuevo esquema retributivo tendrá 23 escalas salariales, entre $1,929 y $8,546 mensuales, y requerirá que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) identifique fondos y la Junta de Control Fiscal (JCF) lo apruebe en el año fiscal vigente.
Educación señaló además que 3,400 trabajadores ya recibieron alzas recientes: en abril de 2025 se implantó un mínimo de $11 la hora para asistentes de Servicios Especiales al Estudiante y luego se extendió a otros no docentes bajo ese umbral. Portavoces de la agencia indicaron que el sueldo más bajo es $1,785.50 y que todos están por encima del mínimo federal de $1,700. El DE aspira a elevar el mínimo interno a $1,929 y estimó el costo global del Plan en $36.2 millones.
El representante Eddie Charbonier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, adelantó que citará a Educación y a las agencias fiscales para precisar fuentes de fondos recurrentes. Dijo que el tema se integrará a las revisiones trimestrales del Plan Fiscal 2025-2026, vigente desde el 1 de julio.
La licenciada Zulma Canales, de la OGP, informó que la agencia mantiene fondos del Civil Service Reform, pero debe determinar si existen las asignaciones suficientes para costear el aumento de $1,000 propuesto. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) advirtió que la disponibilidad depende de los parámetros del programa y del Plan Fiscal certificado por la JCF.
El licenciado Luis Roberto Rivera señaló que el proyecto carece del informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), requerido por la Ley 1-2023. “Este tipo de medidas —que evidentemente tienen un impacto presupuestario— tienen que ser consideradas adecuadamente, ya que, al final del día, su impacto pudiera llevar a que tengamos un presupuesto desbalanceado”.
La presidenta de la Comisión, Tatiana Pérez Ramírez, anticipó enmiendas para ordenar revisiones periódicas del Plan y ajustar salarios según el costo de vida. “Sabemos que el costo de vida va a seguir en aumento, los años van a seguir pasando, y queremos garantizarles a ellos que, según evolucione el tiempo y según el costo de vida, nosotros podamos seguir aumentándoles ese sueldo paulatinamente”.
