La Junta de Planificación (JP) debe cesar su obstinada e irresponsable petición para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconsidere una sentencia y no declare nulo el Reglamento Conjunto 2020 para la otorgación de permisos en la isla, sentenció hoy la presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes M. Aponte Rodríguez.
En declaraciones escritas, la ejecutiva puntualizó que la JP lleva tres intentos fallidos para que se valide su Reglamento Conjunto, “porque continúan cometiendo los mismos errores, utilizando un reglamento nulo” que compromete “a diversos sectores como inversionistas, comunidades, fondos federales, entre otros”.
ʺEstamos cansados de que a los pequeños y medianos empresarios se les continúe atropellando y discriminando. Hoy no hay con certeza un reglamento que nos guíe en la otorgación de permisos para poder funcionar un negocio. Esto vuelve a trastocar nuevamente nuestra ya lacerada economíaʺ, alertó la presidenta del CUD.
ʺEl reglamento tiene serios problemas y la Junta de Planificación ha insistido en incumplir con la sentencia del tribunal”, añadió. “El continuar insistiendo e invertir dinero del erario para apelar una decisión que ha sido por unanimidad por el más alto foro, es una acción de obstinación e irresponsabilidad en momento en que el país se encuentra en quiebra”.
“El llamado es tomar acción correctiva de inmediatoʺ, prosiguió, ya que “esto atrasa el desarrollo económico de un país por acciones adversas y mal planificadas de las agencias”.
Según reiteró, el pedido del colectivo al que representa es sencillo: que se modernicen los procesos al utilizar herramientas tecnológicas que faciliten la consolidación de trámites y gestiones, así como que permita a las agencias contar con un sistema digital uniforme que viabilice la comunicación entre estas.
Esto, puntualizó, evitaría que los negocios tengan que llevar a cabo gestiones de forma individual en cada una de las dependencias.
“Entendemos que, si el Reglamento Conjunto 2020 es nulo”, agregó Aponte Rodríguez, “lo más sensato es revertir los procesos de permisos de este y dejarnos llevar por uno que no tenga las deficiencias que ha determinado el Tribunal Supremo”.
“La mejor opción es que se redacte uno nuevo y que se atempere a los reclamos reales de los sectores que mueven la economía de nuestro paísʺ, concluyó la presidenta del CUD.
