Científicos del Caribe y América Latina advirtieron sobre la urgencia de que Puerto Rico y la región caribeña adopten legislación que reconozca y proteja los derechos de la naturaleza, una figura jurídica que ya se ha establecido en al menos 40 países y ha permitido victorias judiciales para la protección de especies en peligro de extinción y hábitats naturales.
El llamado se realizó durante un conversatorio celebrado en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, como parte de un Junte Científico internacional auspiciado por la Coalición Boricua por los Derechos Inherentes de la Naturaleza, la Fundación Segarra Boerman y Para la Naturaleza.
“Nos toca desde Puerto Rico mirar hacia el Caribe, proteger las especies en peligro de extinción y sembrar la semilla de proteger los derechos de la naturaleza. Quizás no veamos los resultados, pero nuestros descendientes sí”, expresó la ecóloga Dimaris Acosta, al destacar que países como Bélgica ya tipificaron el ecocidio como delito.
El concepto de los derechos de la naturaleza reconoce que los ecosistemas tienen valor y existencia propia, independientemente del uso humano, y permite que cualquier ciudadano tenga capacidad jurídica para representarlos ante los tribunales. En varios países, este enfoque ha servido para frenar proyectos extractivos y proteger ecosistemas vulnerables.
Durante el conversatorio se presentaron casos concretos. La bióloga ecuatoriana Andrea Terán relató cómo una acción legal logró detener una concesión minera en Ecuador para proteger a la rana arlequín hocicuda, una especie endémica que había sido dada por extinta. “Después de varias batallas en los tribunales, se le retiró la licencia a la empresa por ignorar especies en peligro”, explicó.
En Panamá, la bióloga marina Callie Veelenturf detalló el proceso que culminó con la aprobación de una ley de derechos de la naturaleza en 2022. “Ya cualquier ciudadano puede llevar un caso en defensa de la naturaleza”, indicó, al resaltar la protección de zonas de anidaje de tortugas y un refugio de vida silvestre establecido en 2024.
El científico ambiental puertorriqueño Juan Pablo Álvarez-Rosario planteó que Puerto Rico puede avanzar desde iniciativas comunitarias, municipales o regionales, y propuso una alianza caribeña para fortalecer este movimiento. Como ejemplo, mencionó proyectos de restauración de arrecifes de coral en Isla Magueyes, en Lajas, que incluyen la reintroducción de especies y la reducción de la erosión costera.
El encuentro también integró a profesionales de otras disciplinas, como el fotógrafo dominicano Eladio Fernández, quien documenta delitos ambientales que han provocado cambios en políticas públicas, incluyendo la protección de flamencos y denuncias sobre la pesca de anguilas en riesgo de extinción.
La Coalición Boricua por los Derechos Inherentes de la Naturaleza informó que continuará impulsando educación pública y que eventualmente promoverá legislación en Puerto Rico. Las iniciativas están recogidas en la Declaración de Reconocimiento y Defensa de los Derechos Inherentes de la Naturaleza, abierta a la adhesión de organizaciones y ciudadanos. Más información está disponible en linktr.ee/derechosdelanaturaleza.
