Por no entregar información sobre contratos, facturas y el total de dinero pagado a varias empresas privadas de publicidad, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó un mandamus en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra el Departamento de Hacienda y su secretario, Ángel Pantoja Rodríguez.
Desde el pasado 18 de julio, el periodista del CPI José M. Encarnación Martínez solicitó a Hacienda que entregara datos, de 2022 al presente, sobre sus contratistas de publicidad Digimedia, Key Integrated Solutions y KOI, para la Lotería Electrónica y Lotería Tradicional, entre otros documentos.
Aunque Encarnación Martínez y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIPR) dieron seguimiento a la agencia, ningún funcionario de Hacienda ha respondido a la solicitud ni entregado la información solicitada.
“La información pública le pertenece a la ciudadanía, y esta es una clara petición de datos públicos que lleva dos meses sin atenderse. El pasado año, también se demandó a esta agencia, por información similar, y tuvieron que entregarla”, señaló la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet Santos. “Así, se descubrió un preocupante esquema de contrataciones en la Lotería de Puerto Rico. Conocer a quién se contrata, para qué y cuánto se paga por un servicio es esencial para garantizar la rendición de cuentas y el buen uso del dinero público”, añadió.
A principios de septiembre, Encarnación Martínez, junto a las periodistas Vanessa Colón Almenas y Wilma Maldonado Arrigotía, publicaron la investigación Lotería de Puerto Rico: el dinero público en la ruleta del truco, sobre Digimedia, que ha logrado contratos de más de $47 millones con Hacienda por los pasados seis años. La agencia de publicidad cobra tarifas fijas y comisiones por la coordinación de fiestas, desayunos y almuerzos del personal del Negociado de la Lotería, así como por la gestión de material promocional que se paga casi al triple de su precio en el mercado y luego se distribuye entre empleados de la agencia.
Con este mandamus, que marca la demanda número 50 del CPI para lograr acceso a documentos públicos, y la tercera contra el Departamento de Hacienda, la organización cumple con su misión de impulsar el periodismo investigativo y el derecho a saber para asegurar que la ciudadanía pueda fiscalizar y evaluar las acciones del Gobierno que le afectan. En los nueve meses del 2025, la organización ha demandado en seis ocasiones a la administración de turno para obtener información pública, número que se iguala a las acciones legales presentadas en contra de la administración del exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia en su primer año del cuatrienio.
El CPI es representado legalmente en este caso por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información de la UIPR, además del abogado del CPI, Carlos F. Ramos Hernández.
