Ante la falta de respuesta por parte del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y del Negociado para el Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD) a una solicitud para producir el Plan de Incidentes de Interrupciones del Servicio Eléctrico, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó este el pasado jueves un recurso al amparo de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
Desde el pasado 2 de junio, el periodista del CPI Eliván Martínez Mercado solicitó mediante correo electrónico el Anejo P del Puerto Rico All-Hazards Plan, también conocido como el Plan de Incidentes de Interrupciones del Servicio Eléctrico, un documento clave en el contexto de los apagones que han ocurrido en los pasados meses y del inicio de la temporada de huracanes.
La solicitud fue dirigida a Exel J. López Vélez y Mariana Cobián, oficiales de prensa del DSP y del NMEAD, así como a los oficiales de transparencia del DSP. Hasta la fecha, ninguno de estos funcionarios ha emitido respuesta alguna, ni entregado el documento requerido.
“El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a saber si el Gobierno, como se supone, cuenta con un plan para atender las interrupciones de envergadura del servicio eléctrico, y si este se ha seguido. También queremos saber si las agencias están preparadas para manejar interrupciones prolongadas, ya que estamos acercándonos a la temporada pico de huracanes”, señaló Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Martínez lleva varios años indagando en las consecuencias de la falta de electricidad y recién publicó el libro Los estragos del apagón, que relata los dramáticos testimonios de familiares de las víctimas del huracán María fallecidas por la interrupción eléctrica más larga en la historia de Puerto Rico y Estados Unidos.
“Es lamentable que funcionarios incumplan con la Ley de Transparencia al no responder a peticiones de información, y luego hagan que el Gobierno invierta dinero y tiempo para ir a perder en los tribunales”, añadió Martínez. “Nuestra misión es clara. Estamos reportando sobre la preparación de nuestro país para salvar vidas de los más vulnerables, pues desde el huracán María aprendimos que los apagones matan”.
Esta solicitud llega al tribunal debido a que el Gobierno ha ignorado las peticiones de Martínez, así como las de la directora ejecutiva del CPI, quien también solicitó el Plan de Emergencias en reiteradas ocasiones a La Fortaleza sin obtener respuesta.
“La falta de transparencia y de acceso oportuno a información pública compromete el bienestar ciudadano y la capacidad de los periodistas para fiscalizar y hacer preguntas esenciales. El silencio de esta administración frente a estas solicitudes es reflejo de una política de opacidad que hemos estado denunciando y que es preocupante”, añadió la directora del CPI.
La organización periodística cuenta en este caso con la representación legal de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, a cargo de los abogados Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tiene el derecho de reclamar costas, gastos y honorarios de abogados a los irresponsables en cuestión, ya que se han visto en la necesidad de haber activado Inecesariamente la maquinaria jurídica ante la mala fe y a todas luces, contumacia de del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y del Negociado para el Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD) . Tiene la opción de radicar también en el tribunal Federal, ya que también han violentado el “freedom of information act”.