El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó el lunes sendas acciones legales contra la gobernadora, Jenniffer González Colón, y su secretaria de Prensa, Marieli Padró, por violentar la libertad de prensa al negarle a los periodistas de este medio cubrir conferencias de prensa de la gobernadora en La Fortaleza.
La organización periodística presentó un injunction preliminar y permanente, así como una sentencia declaratoria para impugnar la constitucionalidad de impedir el acceso de la prensa al establecer como requisito el presentar una credencial emitida por el Departamento de Estado y no aceptar la credencial emitida por el medio.
“La libertad de prensa no puede estar sujeta a permisos discrecionales ni a credenciales que no están requeridas por ley para ejercer el periodismo”, expresó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
“Impedir el acceso a conferencias de prensa por no tener un carnet administrativo, creado para otros fines, es una forma de censura que limita el derecho del pueblo a estar informado”, añadió.
En noviembre, la directora editorial Wilma Maldonado Arrigoitía y el periodista Luis Valentín Ortiz, ambos del CPI, enfrentaron trabas en el puesto de seguridad de La Fortaleza cuando se les exigió el carnet de prensa para entrar a las actividades en La Fortaleza.
Aunque ese día tuvieron acceso al evento luego de una larga espera, el personal de seguridad y oficiales de prensa de La Fortaleza aseguraron que la identificación del Estado es un requisito para acceder a las conferencias de prensa.
A pesar de que Maldonado Arrigoitía solicitó el protocolo, reglamento o ley en el cual basan su directriz, hoy día, ninguno de los funcionarios de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón ha presentado documento alguno o certificado la información.
En otras dos ocasiones en diciembre, a Valentín Ortiz y al editor Noel Algarín Martínez se les prohibió, por separado, entrar a conferencias de prensa en La Fortaleza, pese a que ambos tenían sus identificaciones personales y sus carnets del CPI, que es lo que siempre se ha exigido en La Fortaleza a los periodistas.
“La identificación del Departamento de Estado es un documento que el o la periodista solicita y lo lleva consigo si quiere, porque no es un requisito para ejercer el periodismo”, señaló Maldonado Arrigoitía. “Requerirlo, como una condición para la cobertura a la Gobernadora, es solo un capricho”.
“Durante décadas los periodistas han acudido a las conferencias de prensa de los gobernadores mostrando las identificaciones de sus medios, sin problemas”, añadió.
La credencial del Estado se estableció para facilitar el acceso a estacionamientos designados en instituciones públicas y eventos de interés noticioso a periodistas que soliciten una tablilla que identifique su vehículo como “de prensa” al Departamento de Transportación y Obras Públicas.
La demanda argumenta que “el poder delegado al Departamento de Estado para emitir Certificaciones de Prensa está limitado a determinar quiénes pueden solicitar una tablilla especial o rótulo removible para periodistas interesados en acceder a estacionamientos habilitados para la prensa en lugares públicos”.
“La Certificación de Prensa expedida por el Departamento de Estado no constituye un mecanismo válido para determinar qué periodistas pueden acceder a una conferencia de prensa convocada por la Gobernadora o cualquier otro funcionario; y limitar el acceso a conferencias de prensa convocadas por las codemandadas, sean estas celebradas en La Fortaleza o en cualquier otro lugar, a periodistas que posean una Certificación de Prensa vigente expedida por el Departamento de Estado viola el derecho a la libertad de prensa del CPI y los periodistas codemandantes”, puntualiza la demanda.
El CPI es representado legalmente en este caso por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt del Proyecto de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
