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“AES tiene que cerrar porque no existe excusa técnica, burocrática o de incapacidad gubernamental que pueda ir por encima de la vida, la salud y la dignidad de nuestra gente”, expresó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol. (Foto suministrada)

“AES tiene que cerrar porque no existe excusa técnica, burocrática o de incapacidad gubernamental que pueda ir por encima de la vida, la salud y la dignidad de nuestra gente”, expresó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol. (Foto suministrada)

Costo de extender operación de AES es “demasiado alto para la salud humana”

La Redacciónby La Redacción
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10 de febrero de 2025

Los portavoces de varios colectivos de protección ambiental rechazaron al unísono el proyecto de la Cámara 267 que pretende extender -hasta al menos el 2030- las operaciones de la carbonera AES Puerto Rico en Guayama.

En una vista celebrada hoy, lunes, por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que dirige el representante Víctor Parés, la ingeniera Ingrid Vila Biaggi y la abogada ambiental Ruth Santiago reclamaron el cierre de la carbonera y adoptar un mayor énfasis en sistemas fotovoltaicos para sustituir su producción energética.

“AES tiene que cerrar porque no existe excusa técnica, burocrática o de incapacidad gubernamental que pueda ir por encima de la vida, la salud y la dignidad de nuestra gente”, expresó Vila Biaggi, quien es presidenta de la organización CAMBIO y portavoz de Queremos Sol.

Tanto Vila Biaggi como Santiago, del Comité de Diálogo Ambiental, rechazaron el argumento de mantener la operación de AES después del 2027 como un acto “necesario” para mantener la estabilidad del sistema energético del país.

Más aún, solicitaron que se realicen vistas públicas en Guayama por el impacto a la salud de comunidades aledañas a AES.

La presidenta de Cambio, además, presentó a la comisión el informe “Potencial para que la energía solar en techos y el almacenamiento sustituyan a la planta de carbón de AES al 2027”.

En el informe se indica que la energía solar distribuida conectada a la red alcanzó los 1,032 MW a diciembre de 2024, con más de 145 mil sistemas instalados en los techos de las casas. Para el 2027, según el estimado del informe, los sistemas en techos, costeados por los propios ciudadanos, podrían generar mucha más energía (3,400 GWh solar distribuida) de la que generó AES en 2024 (2,915 GWh).

La propuesta de los deponentes es que se expanda el programa para incentivar que más clientes con sistemas fotovoltaicos y almacenamiento se suscriban al programa que les compensa por compartir esa energía. En noviembre de 2023, LUMA tenía en ese programa 953 clientes y en un año aumentó a 7,100 clientes en el 2024, expusieron.

“A ese ritmo, para proporcionar 454 MV de capacidad despachable (equivalente a la planta de carbón AES) LUMA necesitaría tener aproximadamente 71,000 clientes inscritos en ese programa para fines de 2027. Esto representaría el 25 por ciento del número total de hogares con energía solar en techos y almacenamiento. La energía renovable en techos es un reemplazo viable a la capacidad de generación de AES”, indicó Vila Biaggi.

Igualmente, recomendaron al gobierno iniciar un programa público de instalación de sistemas fotovoltaicos en techos utilizando los fondos federales disponibles, priorizando sectores vulnerables, de bajos ingresos y de difícil acceso.

Resaltan contaminación y daños a la salud de AES

Por otra parte, Santiago y Vila Biaggi destacaron que -contrario a lo expresado por el “zar de energía” Josué Colón y Edison Avilés, director del Negociado de Energía, AES ha incumplido con los requisitos de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA).

“Ha habido múltiples incumplimientos por parte de AES que han resultado en multas por la EPA, el más reciente en agosto del 2024 cuando la agencia federal impuso una multa de $3.1 millones de dólares a AES por violaciones a los estándares de mercurio y tóxicos del aire y por no monitorear ni informar adecuadamente sobre las emisiones de la carbonera”, sostuvo Vila Biaggi.

Entretanto, Santiago informó que la Escuela de Graduados en Salud Pública de la UPR realizó entre 2016 y 2018 estudios epidemiológicos de comunidades de Guayama, cercanos a la planta AES, que revelaron graves daños a la salud, en comparación con otra comunidad de Fajardo.

Santiago destacó entre los hallazgos más relevantes del estudio que una de cada tres personas ha sido diagnosticada con enfermedad respiratoria y que uno de cada cuatro habitantes ha sido diagnosticada con enfermedad cardiovascular.

Asimismo, el asma pediátrica es cinco veces mayor en Guayama, la prevalencia de urticaria es siete veces mayor, la prevalencia de abortos espontáneos es más de seis veces mayor, la probabilidad de padecer bronquitis crónica en la población mayor de 45 años es nueve veces mayor, y la probabilidad de padecer asma pediátrica es aproximadamente seis veces mayor en Guayama.

“AES ha violado la ley en múltiples ocasiones, e incumplido órdenes administrativas, por lo que ha demostrado que no es una compañía confiable y no se debe extender la operación de su planta carbonera. El costo de que la planta carbonera de AES permanezca más allá del 2027 es, sencillamente, un costo demasiado alto para la salud humana y ambiental de las y los puertorriqueños”, manifestó Santiago.

Las deponentes también reiteraron que algo que debería hacer la Legislatura es enfocar sus esfuerzos en fiscalizar a LUMA y a Genera.

“Nos sorprende el que no se haya presentado a esta Asamblea Legislativa un proyecto que reconozca el modelo privatizador y las contrataciones de LUMA y Genera como elemento significativo en la desestabilización del sistema. Si hay algo en lo que existe un consenso similar al consenso para el cese de operaciones de AES es que el servicio eléctrico ha empeorado bajo LUMA y Genera y que dichos contratos tienen que cancelarse. Le recomendamos a esta Comisión y a esta Asamblea que inicie el proceso de cancelación de estos contratos y dé paso a un modelo de gobernanza pública renovada como propone Queremos Sol”, planteó Vila Biaggi.

Santiago, por su parte, se opuso a la eliminación de las metas intermedias para alcanzar un 100 por ciento de energía renovable en el 2050 y que el gobierno siga optando por combustibles fósiles.

“El P. de la C. 267 propone perpetuar la quema de carbón para generar energía y eliminar las metas de energía renovable y eficiencia energética lo cual es profundamente injusto e innecesario. La transformación de nuestro sistema eléctrico a energía renovable distribuida es viable en términos técnicos y financieros”, concluyó Santiago.

La Redacción

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