La Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3) no cuenta con un sistema de contabilidad computadorizado integrado que permita el registro de todas las transacciones operacionales y financieras.
La Contraloría de Puerto Rico concluyó que el hecho de no contar con un sistema de contabilidad integrado impide el tener una perspectiva completa y confiable de las operaciones financieras de la COR3, que está adscrita a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP). Por tal razón, la AAPP no puede ejercer un control adecuado sobre los registros de contabilidad.
Según el informe suscrito por la Contraloría, en el 2020 se comenzó un proceso de solicitud de propuesta para adquirir un sistema de contabilidad, pero no se concretó. Luego, en el 2021, se gestionó utilizar el sistema Lawson de la Autoridad y tampoco hubo resultados. Como consecuencia, las transacciones del COR3 se procesan en tres sistemas diferentes.
Desde octubre de 2017 a marzo de 2022, la COR3 había desembolsado $4,794,253,879 a 779 subrecipientes de los programas de Asistencia y Subvención. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), por su parte, había desembolsado $543,967,297 para los gastos administrativos de la COR3.
Por otra parte, la auditoría reveló que la COR3 no contaba con reglamentación sobre los procedimientos de contabilidad y cuentas, ni sobre los procesos de conciliaciones bancarias. Esta situación contraria a la Carta Constitutiva de la COR3 tiene el efecto de que no existan procedimientos uniformes para las operaciones de las transacciones de contabilidad.
Uno de los hallazgos destaca que, al 9 de noviembre de 2021, no se habían preparado las conciliaciones bancarias de dos de las 12 cuentas abiertas en enero de 2020: la cuenta Terremoto y la cuenta State Recovery Fund. Además, las conciliaciones bancarias de las otras 10 cuentas se prepararon hasta dos años después de recibir el estado bancario y no fueron revisadas por el director asociado de Finanzas.
La Contraloría estipuló que estas situaciones propician que se comentan errores con los fondos federales, e impiden contar con información actualizada y confiable.
Además, los auditores detectaron que el COR3 no mantiene un control adecuado del archivo de los expedientes de las conciliaciones bancarias. En la visita del área en dos fechas distintas con cuatro meses de diferencia, se observó que estos documentos estaban ubicados en un archivo abierto en el área de trabajo de la gerente de contabilidad.
De otro lado, contrario a la Ley 273-2003, Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, los contratos para llevar a cabo las auditorías financieras de 2018 al 2020 se otorgaron hasta 15 meses después del término de 30 días que establece la ley. Además, los auditores hallaron que los estados financieros auditados de 2019 y 2020 no se remitieron a la Federal Audit Clearinghouse (FAC), porque varios informes suplementarios no estaban preparados.
El hecho de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la FAC no tengan el resultado de la auditoría a tiempo puede ocasionar la retención o suspensión de los fondos federales, indicó la Contraloría.
Entretanto, la COR3, que tiene un personal de 138 empleados transitorios, 62 de confianza y uno de carrera, no cuenta con descripciones formales para el servicio de confianza y de carrera. Se indicó que los empleados no conocen los deberes y responsabilidades de los puestos que ocupan.
El informe agrega que, al 9 de enero de 2022, no se habían redactado las minutas de 21 de las 78 reuniones celebradas del 2017 al 2021. Luego de transcurrido hasta más de cuatro años las minutas no habían sido presentadas a la Junta para su aprobación y firma.
Y la Contraloría también señaló que, del 2017 al 2021, no se había realizado un inventario físico de la propiedad mueble. Esta situación propicia un ambiente para que se pierda la propiedad o se utilice para propósitos no oficiales.
El informe de la COR3, que cubre el periodo del 23 de octubre de 2017 al 31 de mayo de 2022, está disponible en www.ocpr.gov.pr.
