Ante una nueva ola de proyectos de escuelas chárter, que se impulsa en Puerto Rico, la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico (FMPR) reclama una moratoria en la aprobación de estos contratos para privatizar la enseñanza y, a esos efectos, convocan al pueblo a una marcha el 1 de junio en defensa de la educación pública.
“Las escuelas chárter, también conocidas como escuelas alianza, vienen a desangrar los fondos públicos que deben ir destinados a fortalecer la educación pública, para sufragar entidades privadas educativas. Ya hemos visto como la privatización ha sido sinónimo de corrupción y pésimos servicios a la ciudadanía”, planteó Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR.
La FMPR y organizaciones presentes en la Conferencia se oponen a la implementación de este modelo de negocios y reclaman la aprobación de una verdadera reforma educativa que sustituya la Ley 85-2018 impulsada por los convictos por corrupción Abel Nazario y Julia Keleher.
A su vez exigen que se apruebe de inmediato en la Legislatura un proyecto de moratoria al establecimiento, expansión o modificación de las empresas chárter y que el gobernador lo firme.
“Para reforzar estos reclamos, convocamos a los maestros y maestras, a las madres, encargados y a la ciudadanía a una marcha el 1 de junio, saliendo de la Plaza Colón hasta la Fortaleza, a las 3:30 de la tarde. Convocamos al pueblo a que salga a defender la educación pública y exija un alto a la privatización de la educación. En Fortaleza entregaremos firmas de miembros de las comunidades escolares al gobernador para que detenga este plan contra las escuelas públicas”, informó Martínez.
El pasado año han estado operando unas diez escuelas chárter, pero el gobierno tiene en proceso implementar decenas de chárter adicionales que administrarán varias compañías. Una de estas es Paradiso College Preparatory, que contará con una chárter en Arecibo y otra en Río Piedras, justo al lado de la escuela pública Ramón Vila Mayo, lugar donde hoy celebraron la conferencia.
“Esto es un tipo de desplazamiento, de desahucio de nuestras comunidades. Por un lado, privan a las escuelas públicas de infraestructuras seguras, recursos humanos, materiales, condiciones dignas de trabajo-aprendizaje, autonomía escolar y por otro le garantizan todo ello a las chárter. Sin embargo, estamos aquí exigiendo que de una vez y por todas se utilicen los recursos públicos para brindarle las herramientas necesarias a todas las escuelas públicas del país, a nuestro estudiantado y magisterio”, continuó Martínez.
“El negocio de las chárter estaría prevaleciendo sobre el fin de la Constitución, que es proveer un sistema educativo de calidad gratuito, accesible para todos los estudiantes de Puerto Rico, planteó Martínez. Por ello reclamamos condiciones dignas, seguras, salubres, para nuestras escuelas públicas y exigimos que los fondos que pretenden destinar a las chárter se utilicen para las necesidades que tengan las comunidades escolares en las escuelas públicas del país”, puntualizó.
