La Contraloría de Puerto Rico refirió el lunes, un informe de hallazgos al Departamento de Justicia, acerca de las operaciones fiscales del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), según se anunció el lunes.
El informe reveló que el Departamento de Corrección y Rehabilitación pagó $1,690,571 a la Autoridad de Alianzas Público Privadas sin contar con un contrato escrito para dichos servicios. “La ausencia de contratos escritos, puede propiciar que se presenten reclamaciones fraudulentas e ilegales”, advirtió la Contraloría en el informe.
La auditoría también reveló que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no ha utilizado el equipo tecnológico de dos de los siete laboratorios educativos, adquiridos por $313,707, a pesar de haber transcurrido más de dos años desde su instalación.
“Esto no solo supone un despilfarro de recursos, sino que priva a los internos de la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos”, añade el informe de la Contraloría.
El informe también evidenció el pago de $17,860 a un contratista por horas de adiestramiento no realizados.
Se detectaron, además, múltiples desviaciones de la reglamentación en relación a los contratos de servicios profesionales y consultivos y deficiencias en el procesamiento de facturas para pago.
Finalmente, el informe destacó un caso en el que una contratista facturó $17,672 por trabajos en horarios que confligían con otros trabajos facturados a otras entidades gubernamentales.
“Estas situaciones se remitieron a la consideración del secretario de Justicia el 12 de mayo de 2022”, concluyó el la Contraloría.
La auditoría cubre el periodo del 1 de enero de 0216 al 30 de junio de 2021.
