El Gobierno de Puerto Rico debe adoptar medidas inmediatas para garantizar la estabilidad energética del país, ante la posibilidad de que el choque frontal entre el Estado y LUMA Energy perjudique aún más a los 1.4 millones de clientes residenciales, comerciales e industriales de la Autoridad de Energía Eléctrica, reclamó este lunes la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico (CCSPR).
Según destacó su presidenta, Noris Torres Santiago, las demandas radicadas por el Estado para declarar nulo el contrato de operación del sistema eléctrico ocurren en medio de una crisis energética persistente, que afecta severamente a comerciantes, industriales y pequeños empresarios de la región sur.
“La falta de un servicio eléctrico confiable y a un costo asequible está poniendo en riesgo la competitividad y la supervivencia de nuestros comercios”, indicó en declaraciones escritas.
Este panorama, destacó, podría agravarse si no se exigen garantías de continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico, transparencia total en los procesos legales y administrativos relacionados al sistema energético y no se define un plan de acción, claro y medible, para atender las fallas recurrentes, especialmente, en regiones fuera del área metropolitana.
Por ello, en nombre del gremio, la ejecutiva reclamó al gobierno que se incluya al sector comercial y productivo en la discusión de soluciones energéticas a corto, mediano y largo plazo.
Durante años, la CCSPR ha advertido que las interrupciones frecuentes del servicio eléctrico, las altas facturas y la falta de previsibilidad han provocado pérdidas económicas significativas, reducción de horarios operacionales y, en algunos casos, el cierre permanente de negocios.
En el caso del sur, los comerciantes enfrentan costos adicionales por el uso de generadores, daños a equipos, pérdida de inventario y una creciente dificultad para planificar inversiones a largo plazo.
“Esta situación afecta directamente el empleo, la actividad económica regional y la calidad de vida de nuestras comunidades”, agregó Torres Santiago.
Por ello, reclamó que el proceso legal contra LUMA no se traduzca en mayor incertidumbre y que, mientras se dilucida el conflicto, la empresa y el Estado adopten medidas que garanticen la estabilidad energética.
Asimismo, exhortó a que todas las partes involucradas prioricen el bienestar económico del país, por encima de cualquier diferencia contractual o política.
“La energía no es solo un servicio básico; es la columna vertebral del desarrollo económico. Sin un sistema eléctrico confiable y costo efectivo, no hay inversión”, reiteró.
Por último, el colectivo hizo un llamado a todas las partes involucradas a priorizar el bienestar económico del país por encima de cualquier diferencia contractual o política.
