El proyecto de ley que reforma sustancialmente a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se apuntó una victoria este miércoles, cuando el Comité de Transporte e Infraestructura del Congreso de los Estados Unidos aprobó la medida, con 57 votos a favor y tres en contra.
El HR 4669 eleva el papel de FEMA dentro del gobierno federal, reinventándola como una agencia independiente a nivel de gabinete gubernamental y administradores regionales con autoridad ampliada para aprobar proyectos, agilizar la financiación y coordinar directamente con los funcionarios estatales y locales.
Si la pieza existente se aprobara sin enmiendas en el Congreso, los gobiernos locales podrían experimentar acceso más rápido a fondos de emergencia para catástrofes de pequeña escala, ya que se crearía un nuevo programa de subvenciones en bloque para cubrir eventos que hayan causado daños de entre $1 millón y $10 millones.
Según la medida, estos fondos pueden utilizarse para la remoción de escombros, la reparación de infraestructura, medidas de protección de emergencia y proyectos de mitigación.
FEMA, además, vendrá obligada a distribuir estas subvenciones dentro de los 30 días posteriores a la declaración de emergencia, con una participación federal mínima y reducción de al menos 25 por ciento en costos procesales.
Este cambio podría, en teoría, reducir notablemente la burocracia y el papeleo, y proveería plazos más claros para el cierre de proyectos y reembolsos.
Otro cambio notable es que FEMA debe proporcionar a los gobiernos locales hasta el 25 por ciento de los fondos federales aprobados para labores de emergencia -como limpieza de escombros y medidas de protección- dentro de los 10 días posteriores a una declaración, lo que aceleraría las tareas de respuesta y recuperación.
Asistencia individual y familiar
La propuesta ley también abarca reformas dirigidas a facilitar el acceso de los damnificados a la asistencia en caso de desastre.
Entre ellas, una “solicitud universal” para que los ciudadanos accedan a ayudas de FEMA, de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), sin necesidad de radicar múltiples peticiones para la asistencia individual y familiar.
Asimismo, ordena a FEMA a emitir una guía en lenguaje sencillo, multilingüe y compatible con dispositivos móviles para que esta información sea más clara y accesible.
También, el HR 4669 concede a FEMA mayor autoridad para proporcionar alojamiento no colectivo, extender la asistencia para el alquiler y financiar reparaciones o reconstrucciones parciales de viviendas.
En resumen, la Ley FEMA de 2025 “redefine la gestión y entrega de la asistencia por desastre”, resumió en un comunicado recientemente emitido por la Liga Nacional de Ciudades (NLC, en inglés).
“Si bien eleva la posición de FEMA dentro del gobierno federal, los efectos más inmediatos para los gobiernos locales residen en las reformas del programa: reembolsos más rápidos, solicitudes simplificadas, mayores opciones de vivienda y normas de contratación más claras”, añadió.
“El impacto total de la ley dependerá de cómo FEMA implemente estas disposiciones y de cómo los gobiernos federal, estatal y local se coordinen durante futuros desastres”, adelantó.
El proyecto de ley ahora espera su aprobación en la Cámara de Representantes.
