El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, anunció el domingo que ha convocado a todos los miembros de este cuerpo legislativo a una sesión especial para atender dos temas.
El primero gira en torno a las elecciones venezolanas y, el segundo, sobre una auditoría forense sobre el uso de fondos federales en las Alianzas Público-Privadas (APP) pactadas por el gobierno.
En la sesión, la Cámara expresará su censura a lo que calificó como «serias violaciones de derechos humanos» suscitadas en Venezuela bajo el liderato de Nicolás Maduro.
Además, repudiarán los supuestos actos de fraude suscitados durante el pasado ciclo electoral.
Asimismo, reclamarán el fin de la «dictadura» y exigirán que se reconozca al abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, como el vencedor de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio de 2024 y que se comience una transición ordenada y pacífica, «protegiendo la voluntad democrática del pueblo venezolano».
“Actualmente nuestros hermanos venezolanos viven un régimen de terror y una violación constante de sus derechos humanos, producto de un gobierno totalitario liderado por Nicolás Maduro que no respeta el voto libre de sus ciudadanos. No podemos permanecer en silencio ante la crisis humanitaria que enfrenta el vecino país”, sostuvo Hernández Montañez.
Ante esta convocatoria, Hernández Montañez enfatizó que “la medida se debatirá y votará a viva voz para que conste en el diario de sesiones la posición de cada uno de los representantes en este momento histórico. Aquel o aquella representante que se ausente ese día se entenderá que rehuyó de su deber y que, por lo tanto, avala la política dictatorial de Nicolás Maduro. Basta ya de utilizar subterfugios para no asumir una postura clara y contundente en este tema: o estamos del lado del clamor de libertad de nuestros hermanos venezolanos o estamos en contra”.
Por su parte, el representante José Hernández detalló los próximos pasos que encaminará la Cámara de Representantes ante la fiscalización constante que le ha caracterizado sobre la operación de las Alianzas Público-Privadas pactadas por el gobierno.
El pasado mes de junio, la Cámara aprobó la Resolución de la Cámara 1182 para ordenarle a la Comisión Conjunta de Alianzas Público-Privadas a realizar una investigación exhaustiva en torno a todos los asuntos financieros y operacionales en el manejo y administración de los contratos de todas las APP suscritas por el gobierno de Puerto Rico.
El objetivo era auditar el funcionamiento de estas entidades y rendir un informe final con sus hallazgos.
“En esta etapa contrataremos a una entidad independiente para iniciar una auditoría forense que profundice en el uso adecuado de los fondos federales bajo Luma Energy, Genera y Aerostar”, indicó el representante.
