El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) denunció que el Proyecto de la Cámara 1982 de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez en lugar de proteger la libertad religiosa, lo que pretende es limitar los derechos adquiridos en materia de adopción.
Señalan que ataca directamente a las comunidades LGBTTIQA+ y priva a la niñez puertorriqueña de pertenecer a un hogar donde reciban el calor y la protección que constituye el tener una familia que le pueda adoptar.
CABE denunció, además, que esta medida no es más que un acto de oportunismo político en momentos de plena campaña eleccionaria de cara a las elecciones del 2024 utilizando la privación de derechos a las comunidades LGBTTIQA+ como ficha de negociación a cambio del favor del voto alegadamente conservador en estas elecciones.
“Una lectura del proyecto en controversia basta para percatarse de las verdaderas intenciones detrás del mismo, pues a lo único que va dirigido es a privar a parejas del mismo sexo de su derecho a adoptar, derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley de Adopción del 2018 a la que curiosamente el propio representante Navarro le votó a favor”, expuso Ángeles Acosta Rodríguez, portavoz de CABE.
“A manera de ejemplo, puede haber personas que a base de sus creencias religiosas puedan entender que una pareja heterosexual en concubinato, un hombre o mujer soltera, una pareja interracial o cualesquiera otras configuraciones de familia no deban adoptar, sin embargo, este proyecto lo único que protege es la oposición a la adopción de parte de parejas del mismo sexo. Esto demuestra claramente que no son las convicciones religiosas lo que se protege con la medida, sino que la misma va dirigida a limitar el derecho de las parejas del mismo sexo a tener familia; lo que pretende es legalizar el discrimen en una actividad que es altamente regulada por el Estado”, añadió Acosta Rodríguez.
“Ninguna entidad, de base de fe o de cualquier otra índole, tiene la obligación de convertirse en agencia de adopción. Si alguna entidad desea recibir la licencia del Estado para ejercer este trabajo, debe actuar conforme al estado de derecho y no puede pretender llevar a cabo una función delegada por el estado con carta blanca para discriminar”, sostuvo Frankie Goitía Beauchamp, también portavoz de CABE.
“Este Proyecto de Ley lo que promueve es un discurso de odio hacia las parejas del mismo sexo en lugar de promover que más familias, independiente su configuración, decidan adoptar en Puerto Rico. Al representante Navarro Suárez le parece injusto obligar a las agencias de adopción de base de fe a ofrecer servicios a parejas del mismo sexo, según indica la Exposición de Motivos de la medida. Lo realmente injusto es que el odio y el discrimen sean el fundamento para privar a un niño o niña candidata a adopción de la protección y el amor que representa un hogar”, finalizó Osvaldo Burgos Pérez, otro de los portavoces de CABE.
