Un país abocado a existir con una población más adulta y envejecida no puede “darse el lujo” de contar con un cardiólogo por cada 17,500 mil pacientes.
Tampoco con 84 endocrinólogos activos para atender la salud de tres millones de habitantes.
Sin embargo, estas cifras no solo son reales Puerto Rico. También son el síntoma de un éxodo masivo de profesionales formados en Medicina que han optado por no ejercer en el país.
Como reseñara tiempo atrás Sin comillas, entre los años 2009 y 2022 la isla perdió 8,662 médicos o el 46 por ciento del total de los galenos activos, debido a múltiples factores. Entre ellos, altos costos de operación y deuda, mayor remuneración fuera del país, al igual que mejores oportunidades de crecimiento profesional, y jubilación.
Aunque la Organización Mundial de la Salud (WHO, en inglés) reconoce que la escasez de profesionales de la salud es un fenómeno global, también apunta que países como Australia, Suiza, Israel, Irlanda y Canadá han sido eficaces creando las condiciones para atraer a médicos extranjeros y retener a los propios.
En Puerto Rico, medidas como la Ley de Incentivos Para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos han intentado frenar el éxodo con un tratamiento contributivo atractivo. Según un análisis realizado por Espacios Abiertos, en el 2021 la ley significó $237 millones en exenciones. Pero no ha sido suficiente.
Un análisis que la periodista y directora de la Oficina de Políticas del Centro para una Nueva Economía en Madrid, Jennifer Wolff, publicó un año previo a su muerte constató que en el año 2022 la isla enfrentaba 72 áreas “médicamente desatendidas”, con escasez de proveedores en medicina primaria, salud mental o medicina especializada.
En un intento por cubrir este déficit, este martes se discutió en vista pública el Proyecto del Senado 508 que, entre sus objetivos, propone facilitar el proceso de licenciamiento, retención e incorporación de profesionales de la salud en Puerto Rico.
Siguiendo el modelo de otros países, la medida reclama cambios para que aspirantes a ejercer la Medicina, locales y extranjeros, puedan obtener la licencia de Puerto Rico de forma más acelerada.
También, busca eliminar la premédica como requisito para la solicitud de la reválida y facilitar la obtención de la licencia de Puerto Rico a médicos que cuenten con licencia de en la jurisdicción federal y desean establecerse en Puerto Rico para ejercer la medicina.
Por ejemplo, establece que la United States Medical Licensing Examination, el programa que evalúa a estudiantes de Medicina y médicos que desean ejercer en los Estados Unidos, no requiere para el examen de licencia médica completar un bachillerato en Ciencias, ni créditos en Premédica, a diferencia de lo que ocurre en la isla.
“Sin duda, este desfase entre los requisitos locales y estatales presentan un obstáculo para que médicos que ya cuentan con su licencia para practicar la medicina en otras jurisdicciones de Estados Unidos puedan establecerse en Puerto Rico”, detalla en su exposición de motivos el proyecto de ley.
A favor de la pieza
Durante la vista pública, presidida por el senador Juan Oscar Morales Rodríguez, el doctor Ramón Méndez Sexto, presidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica del Departamento de Salud, se expresó a favor de los cambios, los que catalogó como “necesarios” para “atender la grave crisis médica que enfrenta Puerto Rico”.
“Al eliminar barreras innecesarias y reforzar los controles institucionales, se promueve una mayor disponibilidad de médicos en la isla, sin sacrificar los estándares éticos ni técnicos de la profesión”, sostuvo.
También endosaron la medida los doctores Jorge Hess y Ángel Muntaner, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de IPAS de Puerto Rico, entidad que representa a más de 1,800 médicos y grupos médicos primarios que sirven a más de un millón de pacientes.
Según subrayó Hess, un elemento crucial de la medida es la digitalización de procesos administrativos. “Permitir que documentos y certificaciones sean entregados y validados por medios electrónicos no solo reduce la carga burocrática para el profesional, sino también para las IPAs, que hoy enfrentan demoras prolongadas y altos costos asociados a trámites físicos”.
Entretanto, Muntaner sostuvo “que este proyecto ataca la burocracia”.
“Estamos en unos periodos complicados de tiempo y el infarto no espera, el dolor de pecho no espera, el derrame cerebral no espera, el niño que tiene una válvula que hay que reemplazar no espera por un certificado de good standing del médico y estamos en la hora de simplificar”.
La vista contó con la participación e intervención de la senadora María de Lourdes Santiago Negrón.
