La Cámara de Representantes dio paso a la evaluación del Proyecto de la Cámara 269, una medida que propone regular el uso de los terrenos públicos ocupados por las casetas en La Parguera y frenar su expansión.
La pieza legislativa fue respaldada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) durante una vista pública celebrada este viernes.
La legislación establece un régimen de concesión con cánones anuales entre 5 y 10 por ciento mayores que los que pagan las marinas y muelles privados, e impide la construcción de nuevas casetas o la ampliación de las 147 estructuras existentes. Además, prohíbe la reconstrucción en casos de destrucción total o parcial por causas naturales o deterioro.
“La legislación no solo busca compensación económica por el uso de terrenos públicos, sino asegurar que las actividades en La Parguera se realicen de forma sostenible y en armonía con el ecosistema”, expresó Brendaliz González Méndez, directora legal del DRNA.
El proyecto también evitaría reclamos de titularidad sobre terrenos públicos al otorgar al Estado autoridad absoluta sobre la zona marítimo-terrestre. Según la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Elinette González Aguayo, la propuesta integraría disposiciones de la Orden Administrativa 2025-01 y del Reglamento 4860, vigente desde 1992.
Durante la vista, la representante Adriana Gutiérrez Colón cuestionó la falta de consecuencias legales hacia dueños de casetas cuyos sistemas sanitarios pudieran estar afectando la calidad del agua. El DRNA afirmó que se exigirá certificación por parte de plomeros licenciados.
La Junta de Planificación, aunque no objetó la medida, solicitó mayor precisión en la delimitación de la zona costera y recomendó revisar planes existentes para evitar conflictos con reservas naturales y otras designaciones. También propuso que municipios como Cabo Rojo y Guánica ajusten sus planes de ordenamiento territorial.
Se espera la participación del Municipio de Lajas, la Compañía de Turismo, el CRIM y sectores comunitarios en próximas vistas públicas.
Durante la vista, la representante Adriana Gutiérrez Colón cuestionó la falta de consecuencias legales hacia dueños de casetas cuyos sistemas sanitarios “pudieran” estar afectando la calidad del agua.
“PUDIERAN” estar afectando el agua, dice ella. Si existe la posibilidad de qué no fuera así, la invito a que se dé un chapuzón en el área y/o que se ingiera del líquido de la materia contaminante que, individualmente , allí hay…