El Proyecto de la Cámara 672, el cual pretende prohibir a los comercios condicionar los pagos con tarjetas de crédito o débito a una cantidad mínima de consumo, fue favorecido este miercoles por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
La agencia aseguró en una vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara -presidida por el representante Edgar Robles Rivera- que la prohibición absoluta de esta práctica protege la libertad del consumidor, fomenta la inclusión financiera y evita confusión respecto a las diferencias entre tarjetas.
“Resulta necesario que Puerto Rico establezca de forma clara y categórica que ningún comercio podrá condicionar la aceptación de tarjetas a un monto mínimo, ya que esto afecta de manera desproporcionada a los consumidores de bajos ingresos”, indicó la licenciada Teresita Santoni, abogada del DACO.
La propuesta legislativa es de la autoría de la vicepresidenta de la Cámara, Yashira Lebrón Rodríguez, quien señaló que requerir un monto mínimo para el pago con tarjetas es “abusivo” e “injusto” para el consumidor que se ve obligado a gastar más de lo deseado para poder finalizar la transacción.
“Nos damos con la situación de pequeños supermercados de la comunidad que te ponen el logo de pago mínimo de $10 y si la persona lo que va es a buscar el encarguito del día, y no llega a esa cantidad, te ves obligado a subir a los $10 para poder procesar”, puntualizó la legisladora.
Posiciones en contra
Sin embargo, el Centro Unido de Detallistas (CUD) expresó su oposición al proyecto de ley tras opinar que “solo beneficiará a los bancos” y pondrá en desventaja a las pequeñas y medianas empresas (pymes) frente a las grandes cadenas.
La licenciada Agnes Martínez, representante legal del CUD, explicó que las pymes no poseen la capacidad de negociación con los bancos como lo hacen las empresas extranjeras o de mayor tamaño, las cuales pactan tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito más bajas.
Reveló que estas tarifas se han disparado recientemente, lo que ha causado un impacto significativo en los costos operacionales de las pymes. Según Martínez, los cargos por procesamiento en las tarjetas de crédito actualmente fluctúan entre 2.5 a 3.5% por ciento, aunque las tarifas dependerán de la determinación de la institución bancaria y la marca de la tarjeta.
Una tarifa alta en procesamiento de tarjetas de crédito, como la que se experimenta en Puerto Rico, puede reducir entre un 2.5 a 4 por cient el margen de ganancia, abundó la abogada. “Ya nos estamos saliendo de la línea del balance entre los intereses del consumidor y los intereses del comercio, porque ya estamos obligando a ese comercio a entrar en una pérdida”, manifestó.
“Un negocio grande puede negociar el cargo que quiera con la institución. Ese no es el caso de la panadería de la esquina”, agregó Martínez, mientras argumentó que exigir un cargo mínimo no es un factor disuasivo para los consumidores, ya que tienen alternativas de pago y la oportunidad de realizar sus compras en otros comercios.
En cambio, el DACO afirmó que la implementación de la medida se puede integrar al marco de fiscalización que ya realiza la agencia, pues parte de las funciones de sus inspectores es supervisar el cumplimiento con las regulaciones que garantizan medios alternos de pago.
La licenciada Santoni destacó que esta nueva tarea no desviaría el presupuesto del DACO, pero recalcó que la agencia necesita contar con mayores recursos humanos y económicos para poder atender la creciente cantidad de leyes que se le encomienda.
Aunque no posee jurisdicción sobre el asunto, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) alertó que cualquier iniciativa local que busque prohibir los cargos mínimos debe ser armonizada con el marco federal vigente, que reconoce el derecho del comerciante a establecer un cargo mínimo razonable.
La corporación Estaciones Oficiales de Inspección Unidas de Puerto Rico también presentó una ponencia escrita en contra de la medida.
¡Buen hecho!