La Junta de Planificación (JP) de Puerto Rico recibió el aval del Tribunal Supremo respecto a sus procesos de fiscalización contra un profesional autorizado en un terreno de la reserva natural Bahía de Jobos en Salinas, reveló el martes el presidente de la JP, Julio Lassús Ruiz.
“Con su determinación, el Tribunal Supremo validó el proceso de auditoría realizado por la agencia el 30 de agosto de 2022”, explicó Lassús Ruiz en declaraciones escritas.
El profesional autorizado, Ángel Rodríguez Sánchez, otorgó un permiso de uso que la auditoría consideró inválido.
El lunes, el Tribunal Supremo emitió un mandato en el caso CC-2023-0126, ratificando la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 30 de noviembre de 2022, en el caso de Rodríguez Sánchez contra la Junta de Planificación. Esta sentencia se considera final, inalterable e inapelable.
La sentencia del Tribunal de Apelaciones determinó que la Junta de Planificación actuó correctamente y que Rodríguez Sánchez no proporcionó suficiente evidencia para anular la presunción de corrección de la decisión del foro administrativo. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que “la Junta no actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable o fuera del marco de los poderes que se le delegaron”.
“Con la determinación del Tribunal Supremo, no queda controversia pendiente ante ningún foro judicial en Puerto Rico”, sostuvo Lassús Ruiz. Añadió que, ahora, el Consorcio CCVS, formado por los municipios de Coamo, Cayey, Villalba y Salinas, puede solicitar al Tribunal de Primera Instancia la revocación del Permiso de Uso.
El presidente de la JP se mostró satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo y subrayó que “queda claro el poder fiscalizador de la Junta ante las actuaciones de los profesionales autorizados”. Según él, esta decisión respalda el proceder de la agencia en asuntos de importancia vital para la isla.
