Análisis: ¿Está Puerto Rico en la antesala de más gasoductos?

La pregunta fue una. La respuesta, unánime.

¿Está el Gobierno de Puerto Rico reabriendo la puerta a la construcción de gasoductos mediante otra declaración de emergencia energética?

Conforme al dictamen de cuatro expertos, la contestación fue “Sí”.

Según reconocieron a La Perla del Sur, el lenguaje de la orden ejecutiva que “exime total y absolutamente” a GeneraPR, LUMA, AES y EcoEléctrica de la obligación de cumplir con cualquier permiso gubernamental para labores de “reparación, reconstrucción y/o reemplazo” de equipos de la red eléctrica del país, aplana el camino para que estas corporaciones tramiten su construcción, de forma expedita.

Específicamente, apuntaron a dos palabras en la sección de la Orden Ejecutiva 2025-016 donde se amplía el estado de emergencia y se estipula que la liberación de permisos gubernamentales ahora también incluye “infraestructura auxiliar”.

Arturo Massol, director asociado de Casa Pueblo

Como describió el director asociado de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, este giro no debe ser obviado ni subestimado, ante la confesa predilección de la gobernadora Jenniffer González Colón y del Zar de la Energía, Josué Colón Ortiz, por el empleo del gas metano como materia prima para la generación eléctrica en Puerto Rico.

“Y la gasificación requiere infraestructura auxiliar, como gasoductos”, puntualizó.

“La memoria que tiene Puerto Rico sobre emergencias energéticas la sufrió cuando la declaratoria para viabilizar la Vía Verde. Y usualmente, cuando hay estas designaciones de emergencia, ya tienen los antídotos pre definidos”.

“No es como que hay una emergencia y de pronto vamos a discutir cuáles son las soluciones y presentarlas con urgencia, pero de manera transparente, sino todo lo contrario”, agregó.

“Ya estas emergencias se declaran para otorgar contratos a mansalva. A gente que ya se pre acomodó para proponer el antídoto a la crisis que se declara”.

“Y en estos momentos es más peligroso, porque el gobierno está mirando para atrás, está mirando a gasificar, a mantener el carbón. ¿Qué se traman? Es muy difícil saberlo, porque todo ha sido privatizado. Y al privatizar, la gente está ajena a esa discusión”.

Ingrid Vila Biaggi, cofundadora y presidenta de CAMBIO

Entretanto, para Ingrid Vila-Biaggi, cofundadora y presidenta de CAMBIO, una organización sin fines de lucro que diseña, promueve e implementa políticas sostenibles, la Orden Ejecutiva 016 constituye la pieza que restaba en el rompecabezas de New Fortress Energy, “que desde el 2018 tiene planes para insertar el gas por el norte, sur, este y oeste de Puerto Rico”.

“La orden abre la puerta para cualquier tipo de proyecto de infraestructura eléctrica. Contrario a lo que ha tratado de indicar la gobernadora, la orden ejecutiva en ningún lugar limita estas intervenciones a espacios previamente impactados, por lo que pueden proponerse para áreas no desarrolladas”.

“Por ende, es una posibilidad el que utilicen esta orden para adelantar gasoductos u otro tipo de proyectos de infraestructura fósil que han sido rechazados y detenidos en el pasado”, continuó.

“Y dentro de la agenda centrada en gas que persigue la gobernadora y esta administración, los gasoductos se convierten en elementos necesarios”.

“Con esta declaración de emergencia, la gobernadora busca operar bajo estado de excepción para hacer y deshacer, sin tener que rendir cuentas, lo que es una amenaza real para la salud y seguridad del pueblo de Puerto Rico”, sentenció.

Pedro Saadé Lloréns, abogado especializado en Derecho Ambiental

De otra parte, el abogado Pedro Saadé Lloréns advirtió que la ambigüedad y amplitud de la orden no solo allana el camino para infraestructura asociada a la generación eléctrica, como gasoductos, sino también a un precedente peligroso.

“Sabemos que el gasoducto de norte a sur, el llamado Vía Verde, se planteó como uno de los proyectos bajo el concepto de la Ley 76 de Emergencia Energética, pero esta orden ejecutiva va más allá”, subrayó.

“No es que autoriza que se tramiten rápidamente los permisos y los análisis. Es que se descartan totalmente y por eso es que tan peligrosa y tan desafortunada como como antecedente gubernamental”.

“Y una de las cosas que temo es que te esta orden ejecutiva sea un precedente para otros renglones de la economía, como pudieran ser construcciones en las costas, porque los sectores que atacan los procesos de permisos, al ambiente y a la salud pública son poderosos”.

“Así que pudiese esta orden ejecutiva ser el preludio para intentar expandirla a otros procesos de evaluaciones ambientales y de salud”, opinó.

Ruth Santiago Quiñones, abogada especializado en Derecho Ambiental

Por último, la abogada Ruth Santiago Quiñones planteó que esta orden ejecutiva no solo permite que el gobierno retome proyectos energéticos -incluyendo gasoductos- que habían estado en el limbo anteriormente. Además expresó que podría ser particularmente perjudicial en el sur del país.

“Se ha evidenciado un interés particular en la región sur de la isla, donde se habla de la posibilidad de traer barcazas de gas que requieren conexiones adecuadas, lo que reforzaría la necesidad de gasoductos marinos, como el que años atrás se propuso con el Aguirre Offshore Port”, declaró.

A su favor, recordó que durante los años 2016 y 2017, previo al azote del huracán María, las empresas tejanas SeaOne y Arctas Capital Group presentaron propuestas ante el Negociado de Energía de Puerto Rico para desarrollar un terminal de gas metano en la costa de Guayama y revivir el Gasoducto del Sur, respectivamente.

El exgobernador Luis Fortuño Burset figuraba entonces como único representante legal en la isla de SeaOne, reveló en julio de 2017 el periodista Eliván Martínez Mercado del Centro de Periodismo Investigativo.

Mientras, el abogado Antonio Torres Miranda, quien actualmente se desempeña como comisionado del Negociado de Energía de Puerto Rico, fungía como asesor legal de Arctas, indicó Santiago Quiñones.