La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) lanzó este martes un enérgico llamado al gobierno local para que actúe con urgencia ante la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite a la administración del presidente Donald Trump retomar el plan para desmantelar el Departamento de Educación federal y despedir a cerca de 1,400 empleados.
“Condenamos enérgicamente esta decisión irresponsable y peligrosa que ataca de forma directa el derecho a una educación pública de calidad”, afirmó Víctor M. Bonilla Sánchez, presidente de la AMPR.
“Esta acción no solo menoscaba el acceso a servicios fundamentales, sino que representa un ataque frontal a nuestras comunidades más vulnerables”.
El máximo foro judicial federal emitió su fallo el lunes, con tres jueces liberales en desacuerdo, dando paso a que el gobierno estadounidense continúe el proceso de desmantelar la agencia, una de las principales promesas de campaña del presidente Trump.
Bonilla Sánchez advirtió que el impacto en Puerto Rico será directo, pues afectará múltiples programas y servicios esenciales que dependen de fondos federales. “Ya no hay espacio para declaraciones tibias ni para la inacción. Es momento de que localmente se actúe con urgencia para proteger a nuestros estudiantes del impacto directo de esta decisión”, subrayó.
La AMPR, que desde el pasado 4 de marzo ha denunciado las políticas de la administración Trump en este tema, enfatizó que la responsabilidad ahora recae sobre el Departamento de Educación de Puerto Rico. “El silencio gubernamental no es opción”, dijo Bonilla Sánchez.
“Recae sobre el Departamento y su secretario la responsabilidad ineludible de trazar un plan urgente y transparente para reducir la dependencia de fondos federales y evitar que futuros recortes precaricen nuestro sistema educativo”, agregó.
