La Asociación de Alcaldes respaldó un proyecto legislativo que permitiría a los municipios expropiar de manera sumaria propiedades abandonadas cuyos dueños no aparecen en los registros, una medida que podría transformar el manejo del deterioro urbano y abrir paso a nuevos desarrollos de vivienda y revitalización en los cascos urbanos.
El apoyo se formalizó durante una vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el representante Luis Pérez Ortiz, donde la directora ejecutiva de la Asociación, Verónica Rodríguez Irizarry, afirmó que el Proyecto de la Cámara 1000 ofrece “herramientas legales efectivas” para intervenir en miles de estructuras en abandono que hoy recaen sobre los municipios sin capacidad para recuperarlas.
La medida, de la autoría de la representante Tatiana Pérez Ramírez, permitiría a los ayuntamientos —en coordinación con el CRIM y el Registro Inmobiliario Digital— identificar titulares o, en ausencia de estos, asumir control de las propiedades.
Rodríguez Irizarry sostuvo que el proyecto atiende un problema que afecta la seguridad, la planificación urbana y la calidad de vida. “Cada municipio tiene necesidades distintas: estacionamientos, vivienda, espacios para desarrollo económico. Esta medida les permite planificar según su realidad”, dijo.
Emergencias sin fondos federales garantizados
El Departamento de Seguridad Pública también respaldó la medida, destacando la creación de un Fondo Perpetuo de Emergencias y Desastres que se nutriría de la venta de propiedades expropiadas. Evelyn Moya, directora de la Oficina para Asuntos de Seguridad Pública, advirtió que la política federal ha cambiado y que la aportación de FEMA podría reducirse hasta un 75 por ciento.
“Los municipios necesitan recursos propios para responder a emergencias. Ya no podemos depender de que el gobierno federal cubra todos los gastos”, señaló.
Realtors apoyan, pero piden evitar competencia municipal
La Asociación de Realtors favoreció la medida por su potencial para regularizar la titularidad de propiedades abandonadas, pero advirtió que los municipios no deben utilizar estas adquisiciones para crear empresas que compitan con el comercio local. En cambio, recomendaron enfocarse en vivienda y actividad económica.
Crisis de vivienda joven como motor del proyecto
La representante Pérez Ramírez defendió la medida como una respuesta a la falta de vivienda asequible que obliga a jóvenes profesionales a emigrar. “Nos vamos a quedar sin talento si no garantizamos vivienda y espacios para emprender”, afirmó.
El representante Sergio Estévez Vélez recomendó que el Departamento de Vivienda comparta con los municipios la lista de propiedades declaradas estorbos públicos para agilizar el proceso. Pérez Ortiz, por su parte, destacó que la medida podría “repoblar los cascos urbanos y apoyar el desarrollo económico”.
A la vista también se unió el representante Pedro Santiago Guzmán.
